La incertidumbre crece. Vacíos jurídicos, medidas restrictivas y punitivas amenazan la actividad aduanera en el país. Muchos especialistas aseguran que el sector podría desaparecer. Otros se inclinan por el crecimiento de la corrupción. La agudización de la escasez también está planteada. Todo con la entrada en vigencia de la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA), reseña El Carabobeño.
Se trata de un instrumento jurídico cuyo articulado es exclusivamente sancionatorio. Cipriana Ramos, coordinadora de la Comisión de Aduanas y Asuntos Portuarios de Consecomercio, señaló una serie de factores sujetos a multas que están bajo la dependencia del Gobierno. “La LOA pudiera llevar a la eliminación de los auxiliares de la administración aduanera, suspensión y revocatoria por causales que escapan de sus manos”.
La no declaración dentro del lapso establecido de cinco días hábiles es una situación frecuente que se origina porque el importador no ha recibido los documentos, Bolipuertos no ha entregado el acta al no relocalizar la mercancía en los almacenes, o porque el Seniat no ha autorizado el vaciado del contenedor. Todas son causas no imputables al agente de aduanas ni al importador, pero ambos reciben multas por 50 Unidades Tributarias, y acumulación de sanción para suspensión o revocación de la autorización.
La administración pública también incurre en esas demoras que los afectan. La autorización de cualquier poder en aduana demora hasta 15 días, y si la mercancía está en el país luego de cinco días la multa es impuesta.
Todo indica que la ley es punitiva. Por cualquier error involuntario se aplicarán grandes sanciones. Será difícil que un pequeño o mediano operador aduanal o consolidador pueda soportarlo. Además, se generarán retrasos en los procesos administrativos y legalización de la mercancía en los puertos del país. Estas sanciones se traducirán en más desempleo en las ciudades portuarias, como La Guaira, Puerto Cabello, Valencia, Maracaibo, Táchira, Guanta, Puerto Ordaz y Punto Fijo.