Enero de 2015 constituyó uno de los peores inicios de años recientes en lo que respecta agresiones a la libertad de expresión por casos de censura, detenciones de periodistas, despidos, obstrucciones a la labor reporteril y la compra de medios críticos al gobierno por no poder soportar las limitaciones económicas y la falta de papel periódico, según el registro llevado por la Asociación Civil Expresión Libre. NP
Según esta organización constituida por periodistas y comunicadores, uno de los aspectos más graves es la práctica en la que incurrieron cuerpos policiales al detener a periodistas que hacían fotografías de las largas colas que durante las últimas semanas se han venido observando en establecimientos comerciales del país, debido a la escasez de diversos productos, especialmente los de primera necesidad. La persecución, en este sentido, alcanza a todos los ciudadanos.
Expresión Libre repudió la detención del periodista Carlos Julio Rojas, quien tomaba fotografías en el supermercado Bicentenario de San Bernardino, y del reportero gráfico del tabloide El Nuevo País, Blas Santander, el pasado 10 de enero. En el primer caso, Rojas fue encañonado y despojado de su teléfono móvil que utiliza como instrumento de trabajo. Permaneció recluido durante dos días en un estrecho calabozo hacinado con otra docena de detenidos. A las 48 horas fue llevado ante un tribunal y sometido a presentación. En cuanto a Santander, fue despojado de sus instrumentos de trabajo y sometido a maltratos cuando fotografiaba una enorme cola de compradores en Santa Fe. Ambos permanecieron incomunicados.
Antes de estos dos casos en Caracas y Maracaibo, la Guardia Nacional Bolivariana impidió el trabajo de reporteros de Televen, Globovisión, NTN24, Canal 11 y el medio digital Contrapunto, los obligaron a retirarse de la cobertura de las colas y a borrar material periodístico recogido al frente de establecimientos comerciales. Así ocurrió frente al Bicentenario de Maracaibo el 9 de enero. Incluso fue detenido el reportero Walfredo Reyes.
El mismo 9 de enero las reporteras Ana Vanessa Herrero, de NTN24, y Airam Fernández, del medio digital Contrapunto, fueron acosadas por un grupo oficialista de aproximadamente 30 personas, incluyendo motorizados, cuando acudieron al Hospital Universitario de Caracas para cubrir una rueda de prensa del personal médico sobre la profunda crisis que vive ese centro hospitalario.
El 16 de enero efectivos policiales de Chacao impidieron a la periodista María Alesia Sosa grabar colas en el municipio, aunque luego se disculparon. El 18 de enero en Catia, oeste de Caracas, varios trabajadores informales agredieron de palabra a periodista Blanca González y al fotógrafo Jesús Contreras, ambos del diario Ultimas Noticias.
AVANZA LA CENSURA
Los casos de censura se han repetido en varios medios de comunicación. Esta práctica ha sido cada vez más frecuente en el diario El Universal. El 15 de enero la asamblea de periodistas de ese matutino emitió un comunicado en el cual denunciaron la censura de un hecho “público, notorio y comunicacional”, como fue una rueda de prensa del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Randonski. La información había sido borrada en la página web, y luego retirada incluso del Twitter del diario. Lo mismo ocurrió con ese diario y otros que no reseñaron la marcha opositora del 24 de enero. Las señales tanto públicas como privadas obviaron informar sobre ese evento político realizado en Caracas.
El 27 de enero se conoció el despido de la reportera Ingrid Bravo de la emisora FM Center por negarse a autocensurarse en la cobertura de la visita al preso político Leopoldo López, en la cárcel militar de Ramo Verde, por parte de los ex mandatarios Andrés Pastrana y Sebastián Piñera, de Colombia y Chile, respectivamente, a quienes le fue negado el acceso. Fueron varios los medios para los cuales esta información, de trascendencia internacional, no existió. En El Universal, por ejemplo, la nota del reportero Reyes Theis, fue retirada de la edición del 28 de enero.
También durante el mes de enero se difundió el anuncio de que el tabloide crítico del gobierno Tal Cual, dirigido por Teodoro Petkoff, pasará a ser un semanario debido al cerco de papel y de publicidad al que ha sido sometido durante años. Además de los numerosos procesos y medidas judiciales dictadas contra sus directivos por representantes del gobierno nacional.
Como agravante, el presidente de la AN, Diosdado Cabello, acaba de anunciar, el pasado 29 de enero, que abrirá nuevos juicios contra el diario ABC de España, Tal Cual, El Nacional y el medio digital La Patilla por publicar informaciones relacionadas con las denuncias formuladas por un ex escolta que lo involucran.
Otra infausta noticia para la prensa libre fue la venta del diario Notitarde, que durante estos años ha mantenido una línea informativa amplia y crítica y ahora ha cambiado de propietarios, en lo que parece ser una típica operación mediante la cual empresarios afines o vinculados al gobierno compran medios para alinearlos a favor del Ejecutivo. El diario tenía inconvenientes económicos y de falta de papel.
Para Expresión Libre todos estos casos revelan la gravedad de la situación por la que vienen atravesando de hace casi tres lustros la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela. Estamos en presencia de una política de Estado que arrecia en vista de la crítica situación de la economía y el desplome de la imagen del gobierno.
Expresión Libre condena categóricamente el decreto del Ministro de la Defensa, General Padrino, mediante el cual se autoriza la utilización de armas “potencialmente mortales” contra manifestantes, lo cual constituye una violación abierta a lo establecido por la Constitución Nacional.