Nunca pensé como profesor de derecho penal y abogado en ejercicio que podría asistir al trágico espectáculo de una justicia penal convertida en paredón de linchamiento para disidentes considerados peligrosos para el sistema, bajo el esquema peligrosista de la Ley sobre Vagos y Maleantes disfrazada con máscaras de órdenes de aprehensión, sorpresa infraganti y burla macabra al debido proceso.
Hoy en día el dispositivo de una investigación se dispara con la declaración de un “patriota cooperante” -sapo criollo- que pone en conocimiento de la autoridad hechos que sistemáticamente se unen con el cintillo de pretendidos delitos de intimidación pública, instigación al odio o a la desobediencia de las leyes, con el añadido del comodín absurdo de la asociación para delinquir de la Ley contra la Delincuencia Organizada, imputación constitutiva del más burdo desprecio a la inteligencia que permite sostener el peligro de fuga que justifica la prisión preventiva que funciona de una vez como pena cruel e infamante en oscuros sótanos de los cuerpos de seguridad del Estado.
Llevada a cabo la aprehensión con la información anónima, en el lapso de 48 horas opera la presentación ante la Santa Inquisición de cuyas garras se salvan pocos, ya que después de las argumentos inútiles de la defensa, apenas oídos y recortados, surge el mandato inequívoco del perseguidor designado con órdenes precisas de “dejarlo pegado”, expresión “académica” del submundo penal y que el argot penal de los ejecutores por oficio no quiere decir otra cosa que el encarcelamiento del infortunado imputado en alguna de las mazmorras que sirven de aposento del terror al que ha sido ya condenado a una prisión preventiva sine die, de la cual, si tiene suerte, saldrá enfermo por toda la vida, con la prohibición absurda de no declarar a los medios.
Yo quisiera preguntarle al Defensor del Pueblo y a los constituyentes del oficialismo si pensaron en esta realidad cuando redactaron las normas del debido proceso y los principios sagrados de respeto a la vida y a la libertad.
Es mentira que en estos casos se inicien procesos penales; es mentira que se preserven o garanticen los derechos humanos; es mentira el acta firmada libre de coacción y apremio. Todo disidente se ve excluido, por hecho de serlo, de la posibilidad de una defensa eficaz que pueda ser atendida.
Los argumentos de la ciencia penal que se alzó contra la arbitrariedad del absolutismo no tiene eco alguno y las garantías judiciales que son el termómetro del Estado de Derecho desaparecieron del escenario de un sedicente proceso que solo se lleva a cabo entre el fiscal y el juez, en presencia de un imputado sin voz y un abogado que en vano reclama con expresiones que caen en el vacío de una audiencia que ni siquiera llega a ser de utilería. Ese imputado es un número más en la lista cada vez mayor de enemigos desestabilizadores manifiestamente peligrosos por el sistema por no ajustarse a los mandatos de la ética socialista.
La tragedia penal se extiende a la familia de los presos, primero ante el desconocimiento del lugar de reclusión y luego ante la incertidumbre sobre las secuencias de un proceso en el que cualquier cosa puede ocurrir, siendo lo único seguro el comienzo de una pena de cárcel bajo el nombre de prisión preventiva que se verá reafirmada a los 45 días –que sí se cumplen- o que encontrará, con mucha suerte, “una sustitutiva” con prohibición de salida del país e impedimento de declarar a los medios cada 15 días en el “Palacio de Justicia”.
En este túnel se puede entrar por participar en una manifestación, por ser dirigente político, por opinar en un mensaje de texto o twiter, por ser abogado de un disidente, por ser periodista que no siguió la línea de la redacción o por ser médico que ha denunciado las carencias hospitalarias.
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, garantes de la legalidad y de los derechos humanos deben poner fin a este cuadro patético de la justicia penal venezolana.