Los testimonios de abogados militares de varios reclusos de la prisión estadounidense de Guantánamo (Cuba), la escasez de productos básicos en Venezuela y el creciente uso de la fuerza para contener protestas sociales en el continente saldrán a relucir la próxima semana en las audiencias de la CIDH.EFE
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza, explicó hoy el contenido de las audiencias públicas del 154 periodo de sesiones, que tendrán lugar entre el 16 y el 20 de marzo próximos.
La escasez y desabastecimiento de productos básicos que vive Venezuela desde hace varios meses, con grandes colas en los supermercados, se tratará dentro de una audiencia sobre los derechos económicos y sociales en ese país, según Icaza.
Otra audiencia se centrará en el caso particular de Linda Loaiza, una joven venezolana “torturada” y violada por el hijo del rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, cuyo caso “no ha sido atendido” correctamente hasta ahora, explicó Icaza.
A pesar de ser muy crítico con la CIDH, a la que acusa de estar sesgada en su contra, el Gobierno de Venezuela envía regularmente representantes a sus audiencias públicas bianuales, y en esta ocasión ha vuelto a solicitar una sesión para exponer su versión sobre la situación general de derechos humanos en el país.
Además de centrar varias audiencias públicas, la situación en Venezuela promete también acaparar la atención de los siete integrantes de la Comisión durante sus conversaciones privadas a lo largo de este periodo de sesiones, que termina el 27 de marzo.
Los comisionados tienen previsto hablar sobre la petición de medidas cautelares para Leopoldo López y otros miembros de la oposición venezolana que hizo la semana pasada el expresidente colombiano Andrés Pastrana, explicó hoy Icaza.
No obstante, eso no significa que pueda esperarse pronto una decisión sobre esa solicitud, que está en fase de “análisis inicial”, subrayó el titular de la CIDH.
“Una medida cautelar es un instrumento excepcional”, dijo Icaza sobre esa acción, por la que la CIDH exige a un Estado a garantizar los derechos de alguien en casos de extrema urgencia o gravedad.
“En algunos casos puede haber una situación preocupante, pero no necesariamente (es) motivo de una medida cautelar”, advirtió.
La CIDH sí concedió la semana pasada medidas cautelares para proteger la salud y la vida de dos estudiantes venezolanos presos, Lorent Saleh y Gerardo Carrero, y, por el momento, no ha recibido una respuesta de Venezuela sobre si cumplirá con ellas.
“Esperamos una respuesta positiva”, dijo Icaza.
Estados Unidos y México son los países que más audiencias centrarán la semana que viene, con 5 cada uno, seguidos de las 4 que tienen tanto Colombia como Venezuela y las 3 de Guatemala.
Entre las relativas a Estados Unidos, la Comisión celebrará el lunes su undécima audiencia sobre la prisión de la base naval de Guantánamo, cuyo cierre ha reclamado desde 2006.
La particularidad de esta audiencia será la presencia de varios abogados de los presos de Guantánamo en el sistema de justicia militar al que están sujetos, y que denunciarán la afectación a sus derechos que supone su reclusión en ese penal.
La Comisión quiere incluir la información de esa audiencia en un informe sobre las condiciones en Guantánamo que está elaborando y que planea publicar este año, de acuerdo con Icaza.
Otra audiencia de EE.UU. tratará sobre la relación entre justicia criminal y raza, un tema de actualidad tras la muerte de varios jóvenes negros y desarmados a manos de policías blancos.
La CIDH mantendrá además su primera audiencia desde 2008 sobre la situación de derechos humanos en Puerto Rico, a la que acudirán representantes de ese territorio y de varias organizaciones civiles.
Más de 20 organizaciones expondrán en otra audiencia el lunes denuncias sobre el uso de la fuerza para reprimir las protestas sociales en varios países del continente, un tema que suscita una “preocupación especial” en la CIDH, según el secretario ejecutivo.
Otras audiencias versarán sobre el impacto en los derechos humanos de la construcción del Canal en Nicaragua, la libertad de expresión en Ecuador y la legislación sobre justicia penal militar en Colombia, además de denuncias sobre desaparición forzada y falta de acceso a la justicia para los migrantes en México.
El caso de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre pasado en Iguala (México) centró las audiencias del último periodo de sesiones de la CIDH, en octubre, pero en esta ocasión no se espera que salga a relucir, dado que ya está en marcha el grupo de trabajo impulsado por la Comisión para apoyar la investigación del suceso.