Esta semana el M/G (Ej) Gustavo González López se convirtió en el cuarto ministro de Interior y Justicia que designa o ratifica Nicolás Maduro desde que ejerce la Presidencia de la República (los anteriores fueron Nestor Reverol, Miguel Rodríguez Torres y Carmen Meléndez). En promedio, los ministros de esta cartera solo han durado cerca de 6 meses en el cargo. De esta forma es casi imposible que se puedan diseñar y ejecutar políticas permanentes de seguridad ciudadana. Las consecuencias las pagamos todos los venezolanos.
La rotación frecuente en la jefatura del Ministerio de Interior, Justicia y Paz no es algo nuevo. Desde 1999 ha habido 15 cambios en esta área (Luis Miquilena, Ignacio Arcaya, Luis Alfonso Dávila, de nuevo Luis Miquilena, Ramón Rodríguez Chacín, Diosdado Cabello, Lucas Rincón, Jesse Chacón, Pedro Carreño, de nuevo Ramón Rodríguez Chacín, Tareck El Aissami, Nestor Reverol, Rodríguez Torres, Carmen Meléndez y ahora González López). El promedio en este periodo es de casi un ministro por año. Cada ministro llegó con su equipo de confianza y con sus propias ideas de cómo resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Resultado: a partir de 1998 la tasa de homicidios del país pasó de 19 por cada 100.000 habitantes a 83 por cada 100.000 habitantes (OVV), la segunda más alta del mundo.
Los 4 ministros de de Interior y Justicia de Nicolás Maduro han sido militares. Ya se ha afirmado en diversas oportunidades que, tal como lo establecen los artículos 328 y 329 de la Constitución, los funcionarios castrenses están principalmente formados para el resguardo de la soberanía nacional a través de la defensa militar y el mantenimiento del orden interno, no para tareas ordinarias de seguridad ciudadana. En este sentido ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “es indispensable que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana y que cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a las autoridades civiles (informe especial “Democracia y DDHH en Venezuela 2009).
Las policías del país han pagado las consecuencias de la visión militarista de la seguridad ciudadana. El reciente informe presentado por Freddy Bernal, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial, ilustra sobre el penoso estado de los cuerpos policiales del país. En el caso de la Policía Nacional Bolivariana señala que se han detectado “fallas de formación general, fallas de entrenamiento de orden público y fallas de mando”. Con respecto a la policía de investigación señaló que “el gobierno ha desvirtuado las funciones del CICPC. Este es un cuerpo especializado en investigación criminal que no tiene que patrullar, ser escolta o hacer de seguridad (preventiva). Eso es un error”. Una confesión interesante, después de estar 16 años en el poder.
La principal promesa electoral de Nicolás Maduro para la campaña presidencial de 2013 fue mejorar la seguridad ciudadana. Dos años después y varios planes fracasados de por medio, ya casi no toca ese tema. Prefiere distraer la atención creando diatribas con el mismo “imperio” al cual le vende diariamente petróleo y le empeña nuestro oro.
El nuevo ministro de Interior y Justicia está incluido en la reciente lista de funcionarios violadores de DDHH emitida por el gobierno de los EEUU. Se señala, entre otros aspectos, que bajo su dirección el SEBIN tuvo un papel destacado en las acciones represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela, practicando allanamientos ilegales y detenciones extrajudiciales. Ojalá que durante su desempeño en el MIJP se dedique más a resguardar la vida y los bienes de los venezolanos que a la persecución de la disidencia política.
Twitter: @luisizquiel