Ortega Díaz califica decreto de EEUU como un “acto írrito sin incidencia” en Venezuela

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz considera que el decreto del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela es un acto írrito y no tiene incidencia en el país, pues los venezolanos tenemos nuestro propio ordenamiento jurídico y somos un Estado soberano e independiente.

La máxima autoridad del Ministerio Público fue entrevistada este jueves 19 de marzo en el programa televisivo “Al fondo de la Noticia”, transmitido por Telesur, donde refirió que las sanciones que se aplican a los venezolanos se ejecutan de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano.

Consideró que esta acción ejecutada por el gobierno norteamericano “es un ataque al pueblo” de Venezuela.

Calificó la actuación del Gobierno “como impecable” y manifestó el apoyo de los organismos internacionales que han respaldado las iniciativas emprendidas por las autoridades venezolanas.

Contradicciones de Leopoldo López y sus familiares

Por otro lado, la Fiscal General calificó como contradictorio el discurso de Leopoldo López y sus familiares, porque su realidad en el centro de reclusión es distinta a lo que dicen desde afuera.

“Existe un video en el cual se refleja la situación de su celda, de las actividades recreativas de las cuales goza, de las reuniones con sus familiares y amigos e incluso de los agradecimientos que hace al director del centro de reclusión. Entonces hay contradicción en cuanto al discurso que tienen sus familiares a escala internacional y la realidad que viven en ese centro de reclusión”, argumentó Ortega Díaz.

Ortega Díaz precisó que a diferencia de los gobiernos de hace más de 15 años, actualmente no es una política del Estado venezolano la violación de los Derechos Humanos, por lo que cualquier denuncia por hechos de esta naturaleza, la institución enseguida procede y los atiende.

En este sentido, manifestó que entre febrero y junio de 2014 se efectuaron hechos violentos en los que 43 personas fallecieron, de éstas 10 eran funcionarios de seguridad y un fiscal del Ministerio Público. También resultaron lesionadas 878 y cuantiosos daños patrimoniales.

Manifestó que por estos hechos se encuentran privadas de libertad 43 personas de las cuales 14 son funcionarios de los cuerpos de seguridad, lo que demuestra que el Estado no permitió impunidad.

Ortega Díaz aclaró que en los casos en los que pudo haberse producido exceso policial, se actuó y una vez iniciadas las investigaciones se pudo corroborar que la conducta delictual de algún funcionario fue de carácter individual, sin que eso represente una política de Estado, como lo ha querido hacer ver el gobierno estadounidense.

 

Prensa Ministerio Público