Stalin González: El derecho a exigir derechos

En nuestro país, cada día hay protestas y la mayoría de ellas, más del noventa por ciento de los casos, son pacíficas. Sin embargo el número de apresados por la Fiscalía tras manifestaciones, según la Memoria y Cuenta de este organismo, es la más alta en los últimos 25 años. La Defensoría del Pueblo, la institución destinada a la defensa de los derechos de todos los venezolanos, ha sido en los últimos años un testigo mudo a los atropellos, encarcelamientos y sentencias por parte del aparato del Estado, donde sus dirigentes apoyan juicios sin el debido proceso, tumbas como cárceles y decretos con sentencia a muerte.

La justicia en nuestro país está enceguecida de poder y la balanza esta vergonzosamente desequilibrada. Aunado a ello el nivel de impunidad supera el 90 por ciento, engordando las cárceles de multitud de individuos sin juicio, garantías, ni derechos.

La sistematizada exclusión política y la impunidad en los últimos quince años, explican de forma importante la vulneración de derechos en la Venezuela actual. La exclusión política ha llevado a los dirigentes del gobierno a desarrollar un entramado jurídico que limite el derecho a protestar. En Caracas vemos por ejemplo cómo el Alcalde de la ciudad viola nuestros derechos, cuando prohíbe taxativamente las manifestaciones en el municipio, también lo vemos con el recurso que expidió el TSJ contra los alcaldes y sus responsabilidad ante las manifestaciones y se evidencia en el encarcelamiento del Alcalde Ledezma por disentir y expresar su descontento con las políticas del gobierno.

La defensa de los derechos colectivos está fracasando, los civiles y políticos están siendo vulnerados y los derechos sociales han retrocedido.

El estado de la Venezuela actual debe llamarnos a la reflexión, el trabajo individualista no trae más logros que algún fugaz reconocimiento. La búsqueda del beneficio personal ha diluido la fuerza de nuestros reclamos. La desinstitucionalización paulatina, lenta y silenciosa ha menoscabado nuestras garantías jurídicas e institucionales para la defensa y el reclamo de nuestros derechos.