Una de las más conocidas fábulas de Esopo dice que “en tiempos muy remotos dieron los montes tales señales de desasosiego, que todos creían que iban a suceder cosas muy espantosas, pero al fin se abrieron con grande estruendo y apareció un ratoncillo.
Dejaron a su vista de tener miedo los hombres y todos se echaron a reír”. Esta fábula, llamada “el parto de los montes”, vino a mi memoria al conocer los resultados de la reciente reunión de los cancilleres de Unasur en su vistosa sede, en la Mitad del Mundo. Cuando Washington impuso sanciones a algunos funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos, adoptó una decisión en materia muy sensible para la memoria histórica de los Estados de nuestro hemisferio.
El principio de no intervención es muy importante, está vigente y es defendido en todas partes del mundo. Por otro lado, haber fundamentado tales sanciones en la premisa de que Venezuela constituye un “riesgo extraordinario” para la seguridad de los Estados Unidos resulta difícil de creer, aún si se argumenta que ese peligro se explica por las supuestas vinculaciones del régimen de Maduro con grupos terroristas, traficantes de drogas y con el lavado de dinero.
Los cancilleres de Unasur declararon que la decisión de Obama es una “amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados” y pidieron la derogatoria del decreto punitivo, recordando que el Derecho Internacional prohíbe la adopción de medidas coercitivas de cualquier índole en contra de un Estado, como lo proclaman las Cartas de la ONU y de la OEA.
Pero los cancilleres parece que no dieron la debida importancia a otro principio fundamental para la ONU y la OEA, que se refiere a la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia representativa. Según modernas doctrinas, la defensa de los derechos humanos tiene una importancia superior a los demás principios del derecho, inclusive el de no intervención, tanto que una acción concertada internacionalmente en defensa de tales derechos no violaría el principio de no intervención, como lo dice la “doctrina Roldós”. Por el contrario, podría ser considerada como el cumplimiento de una “obligación de proteger” a los seres humanos contra los abusos del poder.
Tímidamente, Unasur, en una segunda declaración, dijo que es necesario “el mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos” y apoyó las elecciones parlamentarias previstas para este año.
No hay duda de que, en cuanto a libertades, derechos humanos y democracia, Unasur resolvió quedarse en el campo teórico y olvidó por completo lo que está sucediendo en Venezuela. Si utilizáramos el lenguaje de Esopo, diríamos que “parió un ratón”.
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José Ayala Lasso es un abogado y diplomático ecuatoriano. Se desempeñó como Ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador en tres ocasiones, además de representar a su país ante las Naciones Unidas
Publicado originalmente por Diario EL COMERCIO (Ecuador)