El 28 de febrero pasado, Nicolás Maduro, en un mitin transmitido en cadena nacional, le ordenó a Delcy Rodríguez, a “revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela (…) ellos tienen cien funcionarios, nosotros tenemos diecisiete allá (…) ¡no! términos de igualdad entre los estados… ¡respeto entre los estados! (…)” dijo.
En su discurso Maduro también dijo de que se negaría el ingreso al país de un grupo de políticos norteamericanos que calificó de “terroristas”, una lista que incluye al expresidente George W. Bush, el exvicepresidente Dick Cheney y a los senadores Marco Rubio y Robert Menéndez, entre otros.
El lunes 2 de marzo, luego de una reunión con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Delcy Rodríguez declaró que les había informado que tenían quince días para adecuar el tamaño de su embajada a 17 funcionarios.
El 9 de marzo, el presidente de EE.UU. Barack Obama, firmaba un decreto donde declaró a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional, impuso sanciones a siete personas y expresó su preocupación por el tratamiento que da el Gobierno en Caracas a sus opositores. Los sancionados fueron los funcionarios Gral. Antonio José Benavides Torres, Gral. Gustavo Enrique González López, Gral. Justo José Noguera Pietri, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Gral. Manuel Gregorio Bernal Martínez, Gral. Miguel Alcides Vivas Landino y fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón.
Ayer 27, justamente el día que se vencía el plazo anunciado por la canciller Delcy Rodríguez para que comenzara el éxodo de diplomáticos estadounidenses de Venezuela, y tres semanas después de la firma del decreto por el presidente Obama, el gobierno de Maduro por intermedio de la canciller, entregó una “nota de enérgica protesta” en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, por el decreto ejecutivo emitido por Washington el pasado 9 de marzo en el que declara a Venezuela como una “amenaza” para el país norteamericano.
“En este momento estamos entregando en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en Caracas, una nota de enérgica protesta en razón de esta orden ejecutiva del presidente Barack Hussein Obama“, expresó la canciller en una rueda de prensa.
Tenemos entonces que después de aquel “mitin de barricada” de Maduro, después de semanas “cívico militar” de ejercicios de guerra en toda Venezuela, de la recolección de firmas anti-Obama, de decenas de declaraciones de funcionarios chavistas, de apoyos de Unasur, PetroCaribe, Celac, OEA apenas ayer se utiliza el canal bilateral con EE.UU. y se presenta una “nota de protesta”
¿Qué más pasó en este mes?
Estalló un escándalo financiero en Andorra, España y Panamá, donde supuestamente funcionarios de Pdvsa montaron una monumental operación de lavado de dinero, que según el FinCen estadounidense, pudo superar los 4.200 MMUSD en bancos de España, Andorra, casas de bolsa en Panamá, y decenas de empresas fantasmas en paraísos fiscales.
Tal cantidad, es lo suficientemente grande, que de ser cierta, los enfriaría el guarapo al más intenso de los “antiimperialistas”. Esa cantidad equivale al presupuesto anual de gastos del gobierno de El Salvador.
Parece que la “real politik” entró en acción.
Es de esperar entonces, que los funcionarios estadounidenses en Venezuela seguirán en sus funciones. Al menos hasta la Cumbre de las Américas en Panamá. Y después también.
Quizás con el tiempo, la orden quede en el olvido. Para el bien de los venezolanos comunes que tramitan sus visas estadounidenses en Venezuela. (lapatilla.com)