El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, afirmó hoy que es “irresponsable” que los sindicatos opositores amenacen ya con nuevas huelgas, tras el paro de transporte que paralizó el país este martes. EFE
Aníbal Fernández cargó contra los líderes opositores que ayer anticiparon la posibilidad de convocar un nueva huelga a finales del mes de abril para proseguir las protestas contra el impuesto a las Ganancias, que se aplica a los salarios superiores a 15.000 pesos mensuales (unos 1.700 dólares).
El jefe de Gabinete defendió el impuesto para lograr “una justa distribución del ingreso”, ya que “como en cualquier lugar del mundo”, los que más ganan deben aportar “una parte” para que los que menos perciben “reciban algún beneficio adicional”.
Además, el funcionario sostuvo que si no hubiera habido huelga de transporte “no tengo dudas que el 95 por ciento (de los trabajadores) o más hubiese ido a trabajar”, al igual que había defendido ayer la propia presidenta argentina, Cristina Fernández.
“No estoy enojada, porque si no hubiera habido huelga de transporte, como lo que realmente fue, no hubiera habido paro nacional. Lo saben todos. Hubieran ido todos a trabajar, inclusive aquellos que integran ese pequeño 10% que aporta solidariamente al resto de los compañeros trabajadores formales e informales”, dijo ayer la presidenta en un acto en la provincia de Buenos Aires.
Argentina se mantuvo ayer paralizada debido al paro convocado por los sindicatos del transporte, a los que se sumó la facción opositora de la Central General de Trabajadores (CGT), encabezada por Hugo Moyano, antiguo aliado del kirchnerismo y convertido en uno de sus más acérrimos adversarios.
El paro afectó también a otros sectores, como la banca.
Los convocantes aseguraron que la adhesión a la huelga fue “contundente” y que el Gobierno debe dar una respuesta a los “reclamos legítimos” de los trabajadores, en palabras del sindicalista Moyano.
El Ejecutivo argentino rechaza la exigencia de aumentar la cifra sobre la que se aplica el impuesto con el argumento de que sólo afecta “al 10 % de los trabajadores” mejor pagados.