Mientras las inversiones en las empresas básicas son una quimera, la fuga de capitales es el sueño realizado de otros. Las últimas revelaciones de la investigación por el caso de lavado de dinero en Andorra sugieren que los 25 millones de dólares que el Gobierno reconoció haber perdido en la administración de Cadivi son apenas una parte de lo que se intentó legitimar en la recién intervenida Banca Privada de Andorra (BPA), publica Correo del Caroní.
Los funcionarios vinculados son dos asesores del Ministerio de Finanzas a quienes se les entregó pasaportes diplomáticos y tranzaron millones de dólares a través de su relación con empleados del banco de ese pequeño país europeo, el cuarto en el ranking de entidades bancarias de Andorra.
El informe de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) ha señalado que las operaciones para el lavado de dinero implicaron artilugios financieros con el que se extrajeron fondos de Pdvsa. De acuerdo con el documento, la entidad bancaria procesó “aproximadamente 2 mil millones de dólares en transacciones relacionadas con este esquema de lavado de dinero” mas, en total, -apunta la comunicación- se facilitó el movimiento de 4 mil millones de dólares en blanqueo de capitales venezolanos.
Las inversiones en Guayana
Las últimas investigaciones contrastan con el deterioro del parque industrial de Guayana, al que se le prometió una transformación integral y una inversión “aguas abajo” que solo quedó en papeles.
La primera fase de la inversión por 382,6 millones de bolívares y 122,4 millones de dólares, en agosto de 2009, fueron los únicos recursos asignados por el fondo Conjunto Chino Venezolano que lograron ejecutarse aunque sin un balance posterior sobre su efectividad.
A excepción de los 403 millones de dólares aprobados para CVG Alcasa, el resto de las empresas del aluminio atraviesan su peor momento histórico con una producción por debajo del 30 por ciento de su capacidad instalada.
El apalancamiento de la industria que fue la alternativa no petrolera de Venezuela, depende ahora de los proyectos de inversión con empresas Chinas con las que el Gobierno intercambiará petróleo por tecnología y cuyos resultados, hasta ahora, no son los esperados.
Entre tanto, las ventas a futuro de las empresas del aluminio con transnacionales como Glencore, cuyos recursos ($ 500 millones) ayudarían a las empresas a salir del estado de “emergencia”, fueron colocados en una cuenta en el Líbano en 2010.
El entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, reconoció en una entrevista en el diario El Universal que -en efecto- el dinero fue colocado en el banco ruso, Gazprombank Invest.
Para entonces eran las primeras pistas del dinero colocado en el exterior que el Gobierno mantenía en discreción y del que, más tarde se sabría, solo era una parte de las transferencias que de ese banco se hacían al Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden).
Otros paraísos
Otros recursos provenientes de las empresas básicas fueron colocados en empresas de maletín, siendo el caso de CVG Ferrominera Orinoco uno de los más emblemáticos.
En la empresa estatal procesadora de mineral de hierro el Gobierno empezó una investigación en 2013 por pago de sobornos, transacciones con empresas radicadas en Panamá bajo la figura de traders y transferencias de millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes.
Aunque los avances de dicha investigación han entrado en un letargo, las últimas develaciones de las investigaciones SwissLeaks confirman que el Gobierno y empresarios vinculados a funcionarios guardaban en Suiza más de 12.000 millones de dólares a nombre de dos instituciones del Estado.
El último de los datos toca directamente a Guayana. Las empresas Interpromotions Ltd y Solutions B & C Ltd son dos compañías que registró el empresario carabobeño Paul Miguel Ortega González en las Islas Vírgenes Británicas, socio de Credilab en 2007 y de la cual era accionista mayoritario Yamal Mustafá, uno de los empresarios acusados por el Ministerio Público de cooperador inmediato en los delitos de peculado doloso, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir por el caso de tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco.
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