El diccionario lo define como “concesión otorgada por la autoridad a una empresa para que ésta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio”. Nuestra constitución los prohíbe (art.113); y prohíbe además las acciones encaminadas a crear en los hechos un monopolio, aunque no sea originado en una concesión otorgada por la autoridad. El antídoto contra los monopolios es el artículo precedente, el 112, que consagra el derecho de toda persona a dedicarse a la actividad económica de su preferencia. Allí radica la base de la competencia.
También el diccionario trae de la palabra monopolio la siguiente acepción: “ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguiente”, la cual resulta más apropiada para denunciar lo que ocurre entre nosotros. El gobierno ha desarrollado un plan monopolizador de la economía y actúa en consecuencia. Es simplemente la faz económica del estado totalitario.
Todas las expropiaciones, tomas y confiscaciones han tenido por objeto impedir que los ciudadanos ejerzan el derecho que consagra el artículo 112; y como consecuencia, que sea el estado quien monopolice casi la totalidad de la actividad económica, ejerciéndola de modo exclusivo en forma cada vez más avasallante.
Las regulaciones cambiarias recientemente promulgadas al conferir de modo exclusivo a los bancos propiedad del estado el monopolio para la venta de divisas a las personas que deseen viajar al exterior, viola el dispositivo constitucional que prohíbe los monopolios, pues concede a esos bancos “el ejercicio exclusivo de esa actividad, con el dominio o influencia consiguiente”. Es el Estado, que de acuerdo con la constitución debe combatir los monopolios, quien los prohíja y los otorga en concesión a los enchufados.
El artículo 113 declara “contrarios a los principios fundamentales de la Constitución” cualquier acto que conduzca al establecimiento de un monopolio, por sus efectos reales, cualquiera que fuere la forma que adoptaren. Por eso los decretos, resoluciones, acuerdos o convenios, como el del BCV con el ministerio del ppp para la EFyBP, son violatorios de la constitución. El socialismo del siglo XXI resulta ser un capitalismo donde imperan las leyes de mercado de los monopolios.