El Gobierno español llamó a consultas a su embajador en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, en señal de protesta por la escalada de “declaraciones intolerables” contra España por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de otras instituciones, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo.
La llamada a consultas es una herramienta enérgica de protesta diplomática. Equivale a una retirada temporal del embajador durante un periodo de tiempo indeterminado y hasta que se considere que se ha logrado reconducir la situación o el incidente que provocó la protesta. En la escala de medidas de protesta diplomática, la llamada a consultas está un nivel por debajo de la retirada definitiva del embajador y la ruptura de relaciones diplomáticas.
El último episodio de una serie de actos hostiles contra España se produjo este martes, con una declaración de la Asamblea Nacional venezolana que considerando persona non grata al expresidente del Gobierno Felipe González, que recientemente ha decidido implicarse en la defensa de los líderes opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Problemas internos de Venezuela
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, García-Margallo ha vinculado la animadversión del régimen de Maduro hacia España con el aumento de las «dificultades económicas, sociales y políticas por las que atraviesa el pueblo de Venezuela», al que ha querido diferenciar de sus autoridades.
Esta escalada de declaraciones hostiles contra España se ha dirigido primero contra el Gobierno de Mariano Rajoy, pero también ha afectado al Congreso de los Diputados —que reprobó recientemente las detenciones de opositores venezolanos— y a Felipe González, ha recordado el ministro.
El jefe de la diplomacia española ha querido subrayar que esta protesta enérgica contra Venezuela llega después de que el lunes pasado «los 28 países de la Unión Europea sin excepción» manifestaran la «extraordinaria preocupación que les produce la situación de Venezuela». «Cosa que no es extraña —ha apuntado— porque en Venezuela hay 500.000 ciudadanos de origen europeo y el 45% de las inversiones extranjeras allí son europeas».
Frente a los calificativos «absolutamente intolerables» que emplean las autoridades venezolanas, «nunca el pueblo de Venezuela», España «siempre se ha movido en el marco de la legalidad internacional y nacional, en el marco de la cortesía y en el marco de la institucionalidad».