En algunas sociedades quienes están en posiciones de dominio echan mano de cualquier medio para imponerse cuando luchan por el poder. La legalidad de sus acciones les tiene sin cuidado. Este es el caso de Venezuela, por eso no extraña que el presidente Maduro radicalice sus acciones. Que redoble sus violaciones a la Constitución y al entramado jurídico en general. Quizá en estos meses preelectorales ordene la detención de varios dirigentes de la oposición, el cierre de medios y hasta la ruptura de relaciones con España. Ello sin que deje de atizar la guerrilla cotidiana con el escándalo, el chantaje y la reclusión judicial; la intimidación, el insulto y la escasez. Tampoco debería sorprender que la Asamblea y el CNE aprueben los trucos matemáticos del INE.
El voto castigo es insuficiente para ganar las parlamentarias pues el oficialismo dispone de un sistema institucionalizado de ventajas y micro-fraudes que le permite esquivar el malestar popular. Aun con la gente en contra el gobierno se la jugará para mantener la Asamblea sometida a la voluntad del presidente. De allí que su disputa sea política, no electoral. Ellos buscan redefinir los modos de vida de los venezolanos. Alterar las creencias, los códigos de conducta y las costumbres. Lo cual los ha llevado a remodelar la estructura social, jurídica y económica de la república. En esa tarea han comprometido a las instituciones del Estado. El engranaje público trabaja para modificar las condiciones ideales y materiales desde las que el poder se ejerce y los ciudadanos obedecen. Esa controversia poco tiene que ver con una contienda electoral. En estas citas los partidos sólo rivalizan para alternarse la jefatura del gobierno o para multiplicar sus espacios de influencia y representación.
Está en marcha la redefinición del orden político del país. En la ejecución de ese proyecto están muy comprometidos quienes se encuentran al frente de las organizaciones básicas del Estado. Lo cual explica la parcialidad del CNE hacia el PSUV y la complicidad del resto de los poderes públicos con las actuaciones del Ejecutivo. Sin embargo, hay quienes siguen pensando que la confrontación con la cúpula oficial debe zanjarse en el terreno electoral, no en el político. Por supuesto, existen motivos para creer que la pelea entre el pueblo demócrata y el grupo de Nicolás Maduro puede resolverse en las urnas. Después de todo, las encuestas muestran que el 70% de los ciudadanos tienen una percepción negativa de la gestión del presidente.
De cara a las parlamentarias también varios sondeos dicen que la intención de voto por los candidatos de la oposición duplica a los del oficialismo. Además, sugieren que un resultado distinto al que proyectan únicamente sería posible si se produce una abstención masiva; lo cual, para muchos, es un escenario poco probable porque el elector no perdería la oportunidad de cobrarle al presidente la cantidad de problemas que vive a diario.
Las encuestas expresan probabilidades estadísticas, no verdades políticas. De allí que al menos en Venezuela haya escasa coincidencia entre lo que apuntan las mediciones y los resultados electorales. De hecho, pudiera suceder que la oposición aun contando con el voto de la mayoría obtenga una cantidad de diputados similar a la del PSUV. Las decisiones del INE, la Asamblea y el CNE permitirán que el oficialismo mejore el número de diputados que sacaría en 17 estados; y, por lo tanto, se reducirá en igual número de regiones la cantidad de escaños que la oposición podría conseguir.
Las decisiones de una Asamblea dominada por Diosdado Cabello y un CNE manipulado por Tibisay Lucena dejan ver que el Estado se siente obligado con la élite del PSUV, no con la sociedad venezolana. En especial, esas decisiones anuncian que la oposición tendrá que conquistar el corazón de los electores en circuitos chavistas para ganar la mayoría absoluta del nuevo parlamento. La MUD parece forzada a propinarle al oficialismo una derrota en territorios rojos, en lugar de mantener que le bastará con la furia de la gente para asegurar la victoria. Por lo cual, a lo mejor le resultaría oportuno revisar el tratamiento de su oferta electoral. En particular, renegociar figuras que en algunos circuitos conecten con esa base del chavismo que se siente decepcionada. Sobre todo, habría que pensar que es preferible pactar un socialismo democrático que permitir la continuidad de un parlamento confiscado por el buró cívico-militar del PSUV.
Alexis Alzuru
@aaalzuru