El alto costo de la vida incide en las actividades comerciales, industriales e inmobiliarias. La prueba está en que los servicios que ofrecen dichos sectores son cada vez más elevados, como consecuencia de la inflación que vive el país, la cual, según los expertos, este año podría superar 100%. Diario El Tiempo
En el municipio Simón Rodríguez, zona sur de Anzoátegui, la situación no escapa de esta realidad. En el primer trimestre de 2015, los arrendamientos se incrementaron entre 50% y 70%, dependiendo de los beneficios.
El ajuste salarial de 15% decretado por el Ejecutivo nacional según Gaceta Oficial número 40.597, del 6/2/2015 y que llevó el sueldo mensual a Bs 5.622,48, también incidió en el alza de los arrendamientos.
Las parejas de recién casados, trabajadores petroleros y uno que otro soltero universitario, que parecen conformar el grueso de inquilinos de la zona (aunque no hay cifras que lo demuestren), se las ven “negras” a la hora de pagar los sitios donde viven.
Los esposos Dayana Carrero y Alejandro Tineo, quienes viven arrendados en un anexo de una vivienda, son sólo una muestra. Ellos pasaron de cancelar Bs 3.500 a 5.500 desde el pasado mes de marzo.
El ajuste se concretó pese a que lo único que tenía la residencia al momento de mudarse era una nevera. El resto del mobiliario es de ellos.
“Cuando alquilamos, pagamos 14 mil para cubrir las cuotas. Y lo hicimos porque no queríamos vivir con nuestros padres. Pero conseguimos ese espacio económico porque la dueña es conocida”, contó Alejandro Tineo.
Jéssica Medina llegó a El Tigre en septiembre procedente de Valencia y alquiló un anexo en Pueblo Nuevo Sur en Bs 4 mil. Tenía nevera, cocina y aire acondicionado.
En febrero le incrementaron el inmueble a Bs 6 mil, lo que significó un aumento de 50%. “Estoy esperando que para finales de este mes seguro me aumentan después del ajuste salarial del 1° de mayo. Espero que no pase de Bs 8 mil porque no puedo pagar más de allí”.
Rossana Guzmán paga Bs 5 mil por una habitación que tiene todos los servicios. Igualmente sufrió un aumento, pues en enero cancelaba Bs 3 mil.
La administradora Teresa Medina, nativa de Pariaguán, consiguió un trabajo en El Tigre e inició la búsqueda de un cuarto. Según indicó, las habitaciones más económicas no bajan de 5.500 bolívares. “Además de costosas, son escasas”.
Explicó que algunas tienen derecho a cocina y otras ni siquiera eso. El costo también depende de la ubicación de la residencia. Las del centro valen más que las situadas en las afueras.
Ante el incremento, calculado en 57%, la pareja Tineo intentó conseguir un nuevo lugar, pero chocaron de frente con la otra cara del problema: en el centro y principales carreras de El Tigre ya no se ven carteles de “se alquila” como años atrás.
¿La razón? Por el temor de perder su inmueble algunos propietarios se cohíben de continuar con este negocio, desde la promulgación de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas, el 12 de noviembre de 2011.
Aarón Canozo, presidente de la Cámara Inmobiliaria de la zona centro, explicó que la norma “frena el desarrollo inmobiliario”, pues “tanto los inversionistas como las personas naturales temen que sacar a un inquilino no sea fácil en caso de ser necesario, mucho menos si tienen hijos”.
Carmela Crespo es uno de los propietarios temerosos. Ella tiene un apartamento tipo estudio amoblado que alquila en Bs 10 mil. “Tiene baño, cocina, sala comedor y su cuarto equipado de aire, pero trato de que sean pareja o profesionales sin hijos”, admitió.
Pocas salidas
Lo cierto es que frente al alza en los costos de arrendamiento y la escasez de ofertas, a muchos como a la pareja Carrero no les ha quedado más remedio que vivir “arrimados”.
“No podemos seguir pagando el alquiler aunque ambos trabajamos. Mi mamá nos cedió una parte del terreno y nos vamos para allá”.
Por ley
La ley establece el régimen jurídico aplicable al arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, habitación, pensión y/o al funcionamiento de diversas actividades. Con la norma, pequeños propietarios recuperan sus inmuebles alquilados en un plazo de seis meses, según la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.