En el reciente informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado el pasado jueves, Venezuela fue nuevamente incluida en el deshonroso capítulo IV, espacio destinado a los países en los que se violan gravemente los derechos fundamentales. Esta ha sido la constante desde que el oficialismo llegó al poder.
El informe de la CIDH, extraordinariamente bien documentado, se pasea por las diversas situaciones que evidencian la vulneración de los DDHH en la Venezuela actual. Con respecto a la terrible criminalidad, la CIDH afirmó que “a la luz del panorama sobre seguridad ciudadana en Venezuela, y aunado a las consideraciones sobre los desafíos que plantea desde el enfoque de Derechos Humanos, la respuesta que viene adoptando el Estado para enfrentar la situación ha sido insuficiente, esto se traduce en una afectación al goce y disfrute de los DDHH de la población venezolana”. La CIDH destaca igualmente, entre otros aspectos, los altos índices de impunidad, la inconveniente militarización de la seguridad ciudadana y la ausencia de información oficial relativa a la criminalidad.
En cuanto a la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político, la CIDH señaló que esta circunstancia constituye “uno de los puntos más débiles en la democracia venezolana”. En el criterio de esta instancia, esto ha permitido que en nuestro país “se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de los derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos”.
Otro aspecto que destaca la CIDH, citando un informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados, es su preocupación por “el alto número de jueces y fiscales en situación de provisionalidad en Venezuela, considerando que los mismos serían sujetos de diversos mecanismos de interferencias políticas que afectan su independencia”. En particular teniendo en cuenta que la remoción de estos funcionarios “es absolutamente discrecional: sin causa, procedimiento ni recurso judicial efectivo”. En 2012 la CIDH verificó que en Venezuela, “de 2.950 jueces, solo 775 eran titulares y los restantes se encontraban asignados a cargos temporales, accidentales, suplencia especial y en mayor número de forma provisoria”. Esta situación se mantuvo en 2014. Otros aspectos destacados en el informe se refieren al “favoritismo del Gobierno respecto al nombramiento de abogados graduados de universidades estatales en cargos de la judicatura” y al hecho de que las decisiones del TSJ “favorecen principalmente las posiciones gubernamentales”.
Respecto a nuestro sistema penitenciario, la CIDH expresó que “la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela continua siendo una de las más graves del continente, debido a la violencia generada por la actividad de las bandas criminales que operan en las cárceles; el tráfico de armas, incluidas armas de guerra y explosivos, en el que está involucrada la Guardia Nacional; la impunidad que alcanza a la mayoría de los casos de hechos ilícitos dentro de las cárceles, cometidos particularmente por parte de los llamados “pranes”; y en general por la falta de control efectivo que ejerce el Estado al interior de los centros penales”.
En el informe, la CIDH también mostró preocupación por la falta de libertad de expresión, el clima de hostilidad e intolerancia en contra de disidentes políticos y defensores de DDHH, la grave escasez de medicinas y alimentos, la situación de los pueblos indígenas y la violencia contra la mujer, entre otros temas.
Mientras no se produzca un cambio político en el país, será imposible que Venezuela salga de las distintas listas negras de los DDHH.
Twitter: @luisizquiel