La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, negó este martes que haya autorizado actividades previas a su campaña electoral para las elecciones de 2013, en que la justicia investiga pudieron haberse cometido ilícitos. AFP
En una entrevista con radio Cooperativa horas antes de emprender viaje a Italia, el Vaticano, Francia y Bruselas, Bachelet dijo que ella no instruyó ni autorizó ningún mecanismo para una precampaña electoral.
“Nunca instruí, ni fui informada ni autoricé ningún mecanismo para una precampaña”, señaló la mandataria.
Bachelet enfrenta un nuevo flanco de críticas por eventuales ilícitos durante la recaudación de fondos electorales.
La semana pasada, Giorgio Martelli, uno de sus recaudadores de campaña, declaró como imputado en el marco de una investigación por financiamiento político ilícito por parte de la minera Soquimich (SQM), controlada hasta hace poco por el exyerno del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Martelli es investigado por eventuales delitos tributarios asociados a su empresa Asesorías y Negocios (AyN), que la justicia cree que fue usada como pantalla para la recolección y distribución de fondos a una veintena de asesores cercanos a Bachelet, entre ellos su exministro del Interior Rodrigo Peñailillo.
Los pagos, de unos 220 millones de pesos (360.000 dólares), se habrían realizado antes de que Bachelet oficializara su intención de competir nuevamente por la Presidencia de Chile en marzo de 2013.
Las fechas son relevantes porque la legislación chilena permite el aporte de empresas a las campañas políticas solo 90 días antes de las elecciones.
“Yo no sabía que los fondos venían de Martelli. Sería muy doloroso si se comprueba el aporte de SQM”, afirmó la mandataria, que después de dejar su primer gobierno asumió al frente de ONU Mujeres y se radicó en Nueva York.
El caso se enmarca en el destape en los últimos meses de un extendido mecanismo de recaudación de fondos políticos por parte de empresas privadas, a través de la entrega de boletas de honorarios por servicios no prestados.
El grupo Penta, uno de los más importantes de Chile, usó por años este mecanismo para financiar al ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente, el más importante de la oposición.
SQM, en tanto, la mayor minera no metálica del planeta, financió por años a políticos tanto de izquierda como de derecha a través de este mecanismo.