3 meses lleva la medida de intervención de Polimaracaibo con nueva reposición de 90 días y ya se notan los cambios implementados tanto por el presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, Freddy Bernal, como por el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas.
Los índices de inseguridad se incrementaron como si estuvieran relacionados con el dólar. La respuesta inmediata quedó atrapada en esa tosca y odiosa lentitud burocrática que tiene todo aquello que termina tocado por la militarizada revolución.
El cuerpo policial municipal que había pasado la revisión de Visipol y fue muchas veces felicitado por el exministro Miguel Rodríguez Torres y reconocido por el propio gobierno de Maduro, fue objeto inexplicablemente de una intervención trimestral supuestamente por “2 deficiencias menores que aún no han sido solventadas”, ni expuestas; pero que como presuntas irregularidades son y deben ser investigadas por igual en todos los cuerpos policiales, incluyendo la PRB, con bastantes señalamientos en su haber.
Sin embargo en este caso se exponen las visibles costuras de la politización y la radicalización que viene implementando el gobierno de forma desesperada con el propósito de despojar a la alcaldesa opositora, Eveling Trejo de Rosales, de este cuerpo policial administrativo y preventivo.
Es la lógica muy particular de quienes creen que quitándole competencia a los municipios no chavistas van a impedir la aplastante derrota electoral que se les viene encima.
No es la primera vez que llegan, arrebatan y dañan: el puente Rafael Urdaneta, el aeropuerto la Chinita, el puerto de Maracaibo, la carretera Lara-Zulia, fueron arrancadas a los marabinos a fuerza de atropellos y excesos para su uso y abuso político y luego abandonadas a su suerte hasta la ineptitud, pero a fuego lento.
Los marabinos se preguntan ¿qué pasó con los cuadrantes?, aquella iniciativa de la misión “A toda vida”, asimilada tal cual por Polimaracaibo, que al menos logró frenar -de a poco- la desatada acción delictiva que ha estado carcomiendo al país.
¿Por qué los intervencionistas desmovilizaron los cuadrantes? ¿Por qué ahora el hampa luce más desatada mientras el séquito de funcionarios policiales y las patrullas brillan por su ausencia y solo aparecen en operativos sorpresas? ¿Por qué tanto atraco en restaurantes, buses, inmediaciones de bancos y organismos públicos desde que se implementó la intervención? ¿Qué pasó con la dirección vial, urbanismo y levantamiento de accidentes de tránsito? ¿Por qué el general Rubén Ramírez no responde a la ineficiencia ni informa qué está pasando en Maracaibo?
El ex director de Polimaracaibo, separado de sus funciones por el intervencionismo del gobierno, José Luis Alcalá, alegó recientemente que 900 funcionarios dejaron de prestar seguridad en las tres principales parroquias de Maracaibo, Olegario Villalobos, Juana de Ávila y Santa Lucía, así como los cuadrantes que le habían sido asignados. Aseguran que la respuesta que salió de la parte interventora fue que no iban a prestar seguridad a establecimientos ubicados en un sector tan oligarca y el que así lo requiriera pues debería contratar su propia seguridad privada.
De hecho hace unas semanas el comandante de la GNB, Néstor Reverol desmintió el supuesto control y merma de las acciones delictivas anunciado por el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, alegando que el delito tuvo por el contrario un incremento del 21% en el segundo trimestre del año, mismo tiempo de la intervención.
Al respecto el exdirector de ese cuerpo de seguridad refirió que el general Reverol se quedó corto. “Después de la intervención el delito se incrementó 83% en Maracaibo”, situación “matemática-aritmética” que de ser cierta viene haciendo insostenible realizar cualquier actividad en la ciudad.
Hoy en la parroquia Olegario Villalobos se roban 43 vehículos semanales y no se recupera ninguno, un llamado de emergencia al 0-800 recibía antes respuesta inmediata de 5 a 10 minutos, ahora si acaso llega una patrulla cinco horas después para preguntar lo ocurrido en el sitio del siniestro.
Antes de la intervención habían 38 patrullas operativas y 18 en reparación, pero ahora quedan menos de 10 y de 227 motos solo ruedan 13. El robo y hurto de vehículos en general aumentó 314% mientras los accidentes viales también se incrementaron. Nos adelantan cifras que registran que se pasó de 430.450 en una media en el primer trimestre 2015 a 680.690 accidentes viales desde la intervención.
Punto y aparte merece el incidente donde el designado director de este cuerpo policial intervenido, quien además es un general de brigada de nuestra FANB, resulta señalado como el propio agresor directo contra un periodista que le tocó cubrir la multitudinaria marcha del pasado sábado.
Nadie se explica como un funcionario militar recién designado para llevar a cabo labores de disciplina y orden público desde un cuerpo policial intervenido, termina involucrado en acciones violentas contra un ciudadano en labores, para sustraerle a la fuerza el material de trabajo, tal y como denunció el propio periodista agredido, Henry Chirinos, acompañado del CNP en la entidad.
El general de brigada Rubén Ramírez ha hecho caso omiso al planteamiento inicial de la resolución número 042 de fecha 25 de febrero de 2015, con la que Freddy Bernal ordenó el proceso de intervención de Polimaracaibo.
Sus palabras textuales para el momento fueron: “Nuestro objetivo es que el pueblo vuelva a confiar en la institución policial y no que se siga pensando de manera negativa sobre la labor de los oficiales en Venezuela”. Si esa es la misión y la visión de la diligencia, quedó muy mal parada.
Los marabinos esperan que su policía administrativa siga siendo un órgano de prevención y de resguardo de la ciudadanía y del orden público y no un brazo represor que establezca diferencias entre unos y otros, según el criterio político a priori de quienes la dirigen.
@damasojimenez