La reciente afirmación del presidente Maduro, acerca de que debíamos prepararnos “para un tiempo de masacre y muerte” si fracasaba la revolución, revela irresponsabilidad y fanfarronería. Lo primero, porque agrava el clima de crispación e intranquilidad que agobia a la población venezolana y lo segundo porque la revolución ya fracasó.
De 1999 hasta mayo de 2015, se habían producido en el país más de 252 mil asesinatos. Si eso no es masacre y muerte, dígame Ud. ¿qué es?
Venezuela se ha convertido en un país más peligroso que Colombia y México, naciones azotadas por la violencia durante décadas.
Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia que estimó 24980 muertes violentas solo en el año 2014, nos colocan en los estándares de un país en guerra civil. Aunque no es el caso.
La indiferencia de las autoridades de reconocer la situación real (llegando a decir que se trata solo de una sensación), la desarticulación de los cuerpos policiales y la impunidad son parte de las causas de este trágico y hasta ahora imparable fenómeno que afecta a los venezolanos todos los días en mayor medida
Sin embargo, es indispensable precisar que esta situación se puede revertir y corregir, con voluntad política y la implementación de programas de políticas públicas de prevención y seguridad.
Durante estos mismos años de revolución, ha habido experiencias exitosas en la lucha contra la delincuencia en los que algunos gobernadores y alcaldes comprometidos con sus vecinos, han logrado controlar y disminuir los índices de criminalidad, en los territorios bajo su jurisdicción.
Esto se ha logrado, estableciendo entre las prioridades del gobernante el cumplimiento del deber de preservar la vida de los ciudadanos y de brindar seguridad a sus bienes, optimizando los recursos con los que cuenta y trabajando con la sociedad civil en general.
Como ciudadanos, estamos llamados a tener una actitud màs proactiva que la de tomar medidas de precaución en las calles o encerrarnos en nuestras casas cada vez mas temprano. Debemos presionar, dentro de los valores y procedimientos democráticos, a nuestras autoridades más cercanas para que se ocupen de nuestra seguridad, que le den prioridad en sus presupuestos a un buen servicio de policías, bien dotado, motivado, con sueldos dignos y con un gran profesionalismo a fin de que estos funcionarios se ocupen de la prevención del delito. Que iluminen nuestras calles, donde hay oscuridad prolifera el delito. Que se rescaten los espacios públicos. Que diseñen políticas contra el ocio, planes de empleo, educación en principios y valores.
La participación de la sociedad civil no es garantía de solución en esta área tan delicada, pero la presión y el monitoreo de las políticas de seguridad hará que las autoridades otorguen a este asunto la importancia que se merece.