El primer semestre del año cerró con una inflación acumulada de 68,2% y, con respecto a junio de 2014, la tasa anualizada se ubica en 120,7%, de modo que ese 10% de aumento en el salario mínimo (unos 22 Bs. diarios) que entró en vigencia el 1° de julio no compensa ni la inflación de un solo mes, y es precisamente esa sensación de “me robaron” la que se palpa en la calle. La gente siente que la están robando porque la inflación es fundamentalmente un impuesto que pagamos todos y solo beneficia al gobierno. Los asalariados y pensionados lo pagan completo, mientras que los que tienen un negocio, formal o informal, pueden protegerse un poco pero igual terminan pagando. Solo el gobierno se beneficia y es por ello que los episodios de inflación desbordada siempre terminan como una gran confrontación final del gobierno contra toda la sociedad.
Digo que la inflación es fundamentalmente un impuesto porque, si bien inciden múltiples factores, en la Venezuela de hoy el gran motor detrás de la persistente subida de precios es la irresponsable política fiscal. En lugar de balancear sus cuentas, el gobierno incurre en un déficit fiscal estimado en 20% del PIB, una cifra astronómica de bolívares, y para cubrirlo simplemente imprime papelitos llamados “billetes”. Para entenderlo mejor, imagine que, sin tener una cuenta en el banco, Usted se inventa una chequera chimba y, bajo coerción, el panadero tuviera que aceptarle el fulano cheque. Su víctima se lo endosa a un tercero quien, luego de un descuento y a regañadientes, se lo acepta con la esperanza de endosárselo con descuento a alguien más, y así sucesivamente. De modo similar, cada billete que sale de la imprenta sin un respaldo productivo le resuelve un problema de caja al gobierno, pero va pasando de mano en mano como papa caliente y pellizcando el bolsillo a cada uno en el camino.
Lo peor es que la inflación es un impuesto tóxico porque no solo erosiona su propia base impositiva (el aparato productivo) sino que, en manos de un gobierno inescrupuloso, se presta para atizar el conflicto social. Esto se debe a que, a los ojos del consumidor, el “agente recaudador” es el comerciante final, sin que quede en evidencia la sofisticada tramoya que saca dinero del bolsillo de los particulares para depositarlo en las cuentas del gobierno. La realidad es que quienes tienen un negocio, formal o informal, se pueden proteger un poco del impuesto inflación pero nunca completamente, porque podrán vender más caro pero venden menos, precisamente por la pérdida de poder adquisitivo de los clientes. Su contribución al impuesto inflación toma la forma de descapitalización y pérdida de rentabilidad real. Quienes sí deben pagarlo completito son los asalariados y pensionados, quienes no pueden ajustar sus ingresos con la misma rapidez que lo hacen los precios debido a la precarización del empleo, al ataque sistemático al movimiento sindical y a la criminalización de la protesta. Así, en comparación a los asalariados, pareciera que los comerciantes se benefician de la inflación y de eso se aprovecha la propaganda oficial para intentar eludir su responsabilidad, pero la verdad es que solo el gobierno se beneficia y la población siempre termina dándose cuenta.
Y digo que la inflación beneficia al “gobierno” por usar un eufemismo, pero en nuestro caso, donde el aparato estatal ha sido secuestrado por una corporación de mafias, la triste realidad es que lo recaudado por el impuesto inflación va directo a las fortunas personales de un grupito de privilegiados. Al final, este tipo de episodio inflacionario siempre termina con un gobierno aislado, enfrentado contra el asalariado, el empresario, el buhonero, el pensionado, el estudiante, el desempleado y pare Usted de contar.