oradeAunque nuestra constitución los prohíbe, el gobierno los implanta. El proceso de nacionalización de empresas desplegado durante estos casi ya 16 años y medio no es otra cosa que desarrollar monopolios en distintas áreas. Aquellas de las cuales se antoja el gobierno.
El resultado de este proceso es dramático. Basta solamente con lanzar una mirada a lo que antes fue la zona industrial del acero y el aluminio en el estado Bolívar para percatarse del fracaso al cual han sido llevadas ambas industrias. Lo mismo puede decirse de las empresas productoras de cemento que competían entre ellas, abastecían el mercado nacional y exportaban a varios países de la región, incluido los Estados Unidos de América.
Desde luego el sector agrícola y pecuario que cubría satisfactoriamente la demanda nacional, no necesariamente en todos y cada uno de los renglones, pero sí lo suficiente como para que se generaran excedentes que eran exportados, fue también objeto de un proceso de destrucción en el cual puede identificarse como hito del mismo, la conversión de Agro Isleña en Agro Patria, que bien pudiera ser llamada Traición a la Patria.
Sería necesario un trabajo arduo de revisión de los registros mercantiles para encontrar nuevas empresas incorporadas a la producción de cualquier rubro. Las más de las veces lo que nos topamos es con nuevos nombres, dados a muchas empresas de las cuales no pocas ya existían en el país antes de que Chávez naciera.
En este inmenso grupo de empresas con nombre cambiado, a las que impúdicamente se les agrega la frase “construida en socialismo”, se encuentran Mercal y Pedeval a las que se les pretende otorgar el “monopolio” de la distribución de alimentos, a través del monitoreo de las guías de despacho sin las cuales, los productores que aún subsisten no pueden enviar su producción a cientos de vendedores al detal que colocan los bienes al alcance del consumidor final.
Esta insensata e inconstitucional medida solo puede ser explicada como la instrumentación de un nuevo negocio, puesto que es imposible que se crea que circunscrita en Mercal y Pedeval la distribución de alimentos al consumidor final, ésta será más eficiente. ¿Para quién es el nuevo negocio del bachaqueo? ¿Será para un general? ¿O será para el Superintendente autor de la inconstitucional orden?