El tema del transporte público tiene varias vertientes, el gobierno desde hace tiempo viene haciendo una gran campaña según la cual es el único que ha atendido el problema del transporte en Venezuela, si bien es cierto que hoy vemos muchos autobuses del gobierno y se han hecho nuevas rutas de transporte, la mayoría de los conductores que tienen sus unidades o camioneticas como coloquialmente se les dice, en las rutas urbanas y extra urbanas que no dependen del gobierno, ni están afiliados a ninguna cooperativa bolivariana de transporte o federación, atraviesan por una profunda crisis debido a la inflación y a la escasez existente. Es decir, hoy día sustituir un transporte por otro nuevo es alto difícil por lo costoso de los mismos, no se consiguen, no existen en el país y los precios son inalcanzable para los transportistas, lo cual quiere decir que ellos tienen que recurrir a la reparación o repotenciación de sus unidades como venían haciendo en los últimos años, pero los precios de los repuestos son muy costosos en estos momentos y esto ha hecho que un 70% del parque automotor público esté fuera de circulación por la escasez y por altos costos, por ejemplo, un caucho de un camión 750 o el equivalente a una camioneta ronda por el orden de los 300 mil bolívares, una batería es muy costosa y escasa , las bandas de frenos, hasta una simple bujía no se consigue, por lo tanto las tarifas del transporte público que no son subsidiados por el gobierno, no les he suficiente para mantener el costo de esas unidades, por lo que se ha producido un gran deterioro del parque automotor público. El gobierno ha ofrecido cooperativas de transporte pero esto se ha quedado en pura palabra, y lo más triste que después que un transportista hace un gran esfuerzo por reparar sus unidades, son víctimas de hurtos tanto en las calles así como en los estacionamientos. Es decir, dejan a los carros en cuatro bloques y sin baterías, y ante esta nueva realidad, el gobierno no dice ni hace nada.
Otro gran problema que atraviesan los transportistas así como el resto de la sociedad venezolana y sobre todo los sectores más golpeados y más débiles que usan el transporte público es la inseguridad. Tanto transportistas así como usuarios son víctimas de la inseguridad, la cual el gobierno en los últimos días ha querido disfrazarla al decir que se trata de una inseguridad inducida por grupos paramilitares, pero hasta ahora no han presentado ni a un solo paramilitar detenido por semejante delito. No obstante, si existen paramilitares, guerrilleros o bandas que actúen al margen de la ley deben ser combatidos al igual que grupos subversivos frente al Estado, pero por el contrario hoy vemos que esas bandas cada día se han fortalecido más y en el caso del ciudadanos común y corriente que usan las unidades de transporte público para desplazarse de un sitio a otro son víctimas directas del sin número de atracos que ocurren a en todo el país, los cuales sobrepasan a nivel nacional de más de 1200 diarios. Por lo menos en el estado Aragua en días recientes se han llevado a cabo diversas protestas y paros de transporte, especialmente en Maracay y el principal reclamo es el riesgo de la vida personal. Han sido muchos los conductores que han sido asesinados, atracados y sometidos frente al hampa. No obstante, el denunciar al país esta realidad, es lo que el gobernador de esa entidad ha llamado un saboteo de quienes nos atrevemos a decir lo que está pasando, esta es una verdad inocultable que el gobierno debe enfrentarla y ocuparse de eso para proteger la vida de los usuarios y de los transportistas, que tienen terror de usar estas unidades de transporte por el asecho de la delincuencia.
Esto es parte de una crisis terminal de un gobierno que se ha mantenido sobre la base de un discurso ranplón, sobre la base de un discurso agotado, vencido, de cuestionamientos y de señalamientos a sus adversarios, a quienes no militan en el PSUV. No asumen con seriedad entre otras cosas la crisis que el país está pasando a la que no está excluido el tema del transporte y que ocurre en todos los sectores del país. En Maracay particularmente, esa situación se ha venido acentuando y nosotros pedimos que el gobierno en los próximos días tome las medidas a que hubiera lugar para que la situación sea encarada como debe ser y no con populismo como tema de una campaña electoral, sino como un problema de seguridad nacional. Recordemos que la Constitución Nacional en su artículo 55 contempla lo siguiente: Toda persona tiene derecho a la protección del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgos para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, oportunidad, proporcionalidad, conforme a la ley. Así que señor Maduro aquí no hay que inventar nada, ni otro plan de la patria, aquí lo que debe hacerse es aplicar y respetar los parámetros dictados en nuestra Constitución.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
Primero Justicia
@ismaelprogreso