Ese viernes amaneció de repente. Amaneció de repente y con anuncios timoratos. Las tensiones en las colas de la red de abastos Mercal y Pdval en Ciudad Guayana -con atención paupérrima para los primeros e intentos de derrumbes de una cerca en el segundo- alertaban de un nuevo peldaño en la escalada de descontento social; pero lo de ese viernes, lo de la mañana de ese 31 de julio, fue un punto de quiebre mayor de la Venezuela en crisis, publica Correo del Caroní.
No faltará quien diga que no se veía venir. No faltará quien explique con el tino propio de la sabiduría popular que una ola de saqueos atizada por el hambre, apadrinada en la escasez y cultivada en la especulación, era más que previsible en una ecuación de país donde se habla al mismo tiempo de “guerra económica” y “soberanía alimentaria”. Que podía pasar en cualquier momento. Que por qué no ocurrió antes y demás reacciones de perogrullo.
Si algo se desprende de este fenómeno, con epicentro en Ciudad Guayana y con réplicas nacionales, es que ese punto de inflexión refleja, además del descontento, una realidad económica y social con directa repercusión en lo político… más si el telón de fondo son unas elecciones para renovar el Parlamento Nacional.
Revolución de vacas flacas
“La mejor campaña política para una reelección es y seguirá siendo la gestión de Gobierno”. “La seducción de las masas, mientras más elevada, mayor será la obnubilación del juicio”. Estos axiomas de la política, entendidos hasta los tuétanos por el chavismo, han puesto a prueba su liderazgo, su capacidad de gerencia y su gobernabilidad en esta época de vacas flacas.
Las aplaudidas guerras contra la empresa privada, el control de cambio, de precios y la injerencia del Estado en todo el hecho productivo nacional devienen hoy en una debacle que ausenta los productos de primera necesidad de los anaqueles, pauperiza las despensas y reduce el plato del venezolano. El respaldo popular con el que se instauraron algunas de estas medidas hoy no representan el sentir de la mayoría; verbigracia: 74 por ciento de la población cree que el principal problema del país son el desabastecimiento y la escasez de alimentos*, 41 por ciento no cree la tesis de la “guerra económica”**, y 5 de cada 10 venezolanos*** responsabiliza directamente al Gobierno de la austeridad alimentaria.
El malestar de la población -y su consiguiente escepticismo- sobrepasaron las simpatías políticas y la seducción que tantas veces ha servido como mecanismo de control de la población. Las parroquias Chirica y Vista al Sol, escenario de los saqueos en San Félix, fueron las mismas que contribuyeron a que Nicolás Maduro llegara a la Presidencia, con 62,49% y el 66,30% de sus votos, respectivamente. Esto refleja el cambio de conciencia política de la ciudadanía desde aquellos exhortos de Hugo Chávez a mantener la revolución “aunque no haya luz” el 7 de octubre, hasta las excusas de Nicolás Maduro sobre acaparamiento y conspiraciones en 2015. Conclusión: “los mecanismos de control, incluso el de la seducción de las masas, también obsolecen”, otro axioma de la política.
Millones de árboles convertidos en papel atesoran los mil y un preceptos del uso de la demagogia y el carisma para acceder al poder y dominar a la población. Pero uno de ellos, fundamental para ilustrar esta realidad, es que tales mecanismos obsolecen en la medida en la que se ven afectadas las necesidades más básicas. No es casual que quien ganó las elecciones con menos de dos puntos porcentuales de diferencia, y que alcanzó el tope de su popularidad luego del “Dakazo”, administre un país donde, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se han registrado 56 saqueos por escasez y desabastecimiento en los últimos seis meses. Tampoco es casual que en sus cuentas también sumen otros 76 intentos de desvalijamiento por la misma causa.
Estas cifras no solo confirman el crecimiento de un descontento permeado hasta las filas de la “revolución”, sino que reflejan una realidad que ocupa la geografía nacional, más allá de un “foco aislado” en el antiguo Puerto de Tablas, como trató de presentar el Gobierno nacional tras los hechos en Guayana. Pero ante todo refleja, o más bien confirma, la precariedad de un Estado que cada vez entra en mayor minusvalía para garantizar necesidades básicas para la subsistencia de los ciudadanos. Es la reconfirmación de una administración nacional sobrepasada por su propia crisis de gobernabilidad. Es, entonces, el reflejo de un Estado débil.
El Estado débil
Allende de las quimeras académicas, y del uso sui géneris del término, una ilustración sobre el Estado débil viene de parte del profesor Robert Rotberg, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, quien distingue a los estados débiles de los fuertes por su desempeño “con base en los niveles de la provisión eficaz de los bienes políticos más fundamentales”, entre los que cuenta como principales: seguridad, orden público, atención médica, educación e infraestructura física y social. Mientras mayor la eficacia del Estado para garantizar estas máximas, mayor su fortaleza.
Poco queda a la imaginación cuándo se transparenta esta teoría con una realidad nacional con 56 saqueos por escasez, 76 conatos para lograrlo, déficit de producción generalizado y una situación de inseguridad que hasta el año pasado se erguía como la principal preocupación de los venezolanos.
Por algo cuatro de sus ciudades están entre las 50 más violentas del mundo, ostentando trofeos indignos como que Caracas sea la segunda del conteo y esta, Ciudad Guayana, la del “foco aislado”, la decimosegunda del planeta y tercera del país.
Ni hablar de la salud y de la educación, pues si algo se confirma con estos casos es la precarización de un Estado altamente erosionado en su institucionalidad, incapaz de garantizar tales condiciones mínimas para la sobrevivencia y desarrollo del individuo, como resultado directo de políticas económicas y sociales que, a juzgar por los resultados, no han devenido en otorgar “la mayor suma de felicidad posible”.
Esto se reconfirma con el Índice de Estados Frágiles -iniciativa de la Fundación Para la Paz (FFF, por sus siglas en inglés)- que jerarquiza a los países según su fragilidad tomando como referencia 12 indicadores, entre los que destacan: declive económico, legitimación del Estado, servicios públicos, derechos humanos y el papel del Estado, e instituciones de seguridad. Mientras más alto el coeficiente total, mayor la debilidad.
El conteo anual de la organización ubica a Venezuela en el puesto 75 en 2014, el repunte más alto en los últimos cinco años, y también, el mayor desplome de la fortaleza estadal en el mismo período. El reporte del año 2013 ubicó a Venezuela en el puesto 89, con lo cual la situación de 2014 significa una caída de 14 puntos en la escala.
Aprender de los errores
Para ello debe recordarse la situación de conflictividad en Venezuela a partir de las protestas iniciadas en febrero: un maremágnum social de descontento por la situación económica y política en el país, que al no encontrar respuesta ni válvulas de escape devino en una irrupción en las calles del país.
No dista mucho, entonces, la situación de otrora con la actual. Solo que esta, en lugar de un detonante político, tuvo el gatillo en el tema económico, la promesa de una supuesta autoexigencia de Maduro en 2014. No es secreto que la creciente escasez, las colas enésimas para comprar alimentos y la desatención del Estado han cultivado la frustración en la ciudadanía, y que sus demandas, lejos de ser atendidas, siguen agudizándose. El gobierno continúa hablando de “guerra económica”; y los empresarios anuncian el fin de sus materias primas.
La falta de respuesta efectiva se perfila más difícil si se toma en cuenta el déficit presupuestario y la falta de voluntad política para trabajar con la empresa privada, con lo cual, los cimientos para una escalada mayor de catarsis están más que sembrados.
Es esto lo que explica el desconocimiento de la autoridad. La situación cuasi anárquica. El Estado de la anomia social. Es lo que explica que los saqueos en San Félix siguieran su curso pese a la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o la Policía del estado Bolívar (PEB). Es eso lo que explica la deslegitimación de su fuerza, y el sobrepaso de la gente en busca de su espacio mínimo de subsistencia.
La respuesta del Estado, muy por el contrario al entendimiento nacional para la satisfacción colectiva de las necesidades, ha sido la militarización, las amenazas, y una vez más, un culpable distinto de ellos. Que “todo fue planificado” o en que en Bolívar “todo está normal” porque “nadie se está muriendo de hambre” fueron frases que enfurecieron a tirios y troyanos. Ya decía Sun Tzu en El Arte de la Guerra que nada hay más peligroso que un enemigo acorralado.
El creciente uso de la fuerza es un signo de la debilidad de las instituciones por garantizar el bienestar colectivo. Por tanto, la situación que se perfila para Venezuela sigue siendo de alta tensión económica y social en plena antesala a las parlamentarias, las cuales son hasta ahora la principal válvula de escape a las presiones sociales.
Las inhabilitaciones políticas solo alimentan la llama del caldero, pero especialmente la falta de respuesta del Estado para atender la escasez, la inflación, la inseguridad, el desempleo y el trabajo informal.
Mientras esta no sea la prioridad, mientras sigan tercerizándose las culpas y aumente el uso de la fuerza mientras bajan las reservas, todo será cuestión de tiempo para que Venezuela despierte como el viernes de entonces.
| El papel de los medios
De San Félix se supo en San Félix, en Puerto Ordaz, en Venezuela y en el resto del mundo. Se supo, entre otras razones, porque ahí estuvieron los medios, que más allá de posturas editoriales cumplieron –algunos- con su deber inefable de informar. ¿Por qué se supo más de San Félix que de otros saqueos? ¿Qué hubo de los otros 56 del primer semestre? ¿Dónde estuvieron los medios y el eco entre ellos? ¿Por qué ahora la reacción del Gobierno? Además de informar, los medios también cumplieron una función contralora de los cuerpos de seguridad, que al verse escrutados ante las lentes de las cámaras dejaron registrados los hechos para la libre conclusión de los ciudadanos. ¿Hubiese sucedido lo mismo en la Cota 905 con la presencia de los medios? ¿Hasta dónde llegará el Operativo Liberación del Pueblo (OLP) en Guayana? Preguntas pendientes por responder. |