No es nada revelador decir que el país vive una grave crisis social, económica y política, pero lo que sí es nuevo, es que el gobierno contribuya a profundizarla. Cualquier otro gobierno del mundo, metido en el atolladero en que se encuentra éste, hubiese reaccionado modificando las políticas que lo condujeron a ese desastre; sin embargo el ilustre Maduro, no se atreve a cambiar el modelo, como si aquél hubiese funcionado y la situación fuera buena. Pero además, insistir con las expropiaciones, con la idea de volver a crear la percepción, por motivos meramente políticos, de que van a seguir con la construcción acelerada de viviendas, no parece que dicha estrategia vaya a tener el impacto que tuvo en 2012; de manera que no hacer nada, o continuar con lo mismo, no resuelve la gravedad de la situación de Venezuela.
No obstante, las expropiaciones de espacios ocupados por empresas productivas que son las que están poniendo los alimentos en la mesa del venezolano, es un descomunal disparate. Por cierto, cuando al Presidente de Fedecámaras le preguntan que porqué si había un decreto de expropiación de los terrenos de La Yaguara, desde hacía tres años, Polar no había tomado las medidas para mudarse, el dirigente gremial contesta con evasivas, dando por sentado que la construcción social de viviendas es algo prioritario, en vez de haber dicho por ejemplo: que una política de construcción planificada de viviendas, no se improvisa, ni se basa en la expropiación y sobre todo en la usurpación; esto es, apropiarse del terreno sin pagarlo. Que antes de construir las viviendas se debe asegurar que exista capacidad suficiente de servicios públicos y adecuados equipamientos urbanos. Que la capital dispone de otros terrenos para construir viviendas que no están ocupados en actividades productivas cruciales en este momento como la de producir alimentos. Que la antigüedad del decreto justamente avalaba su probable incumplimiento, más en las actuales circunstancias, y que sólo un gobierno desquiciado pudo tomar una medida semejante.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en su reporte del primer semestre de 2015, evidencia que hubo 2.836 protestas en todo el territorio nacional, lo que representa un promedio de 470 al mes y 16 diarias. De ellas 18% ocurrieron por rechazo a la escasez de alimentos y medicinas. The Guardian, el afamado periódico inglés, expone que 56 saqueos y 76 intentos, fueron reportados en el primer semestre de este año; agrega que los saqueadores acosan a tiendas de comida mientras la escasez desata la frustración en Venezuela. Los recientes sucesos de San Félix, avalan estas informaciones y hacen suponer que las protestas por comidas se van a incrementar notablemente, conforme apriete la escasez. Lo cierto es que está configurado un peligroso panorama en que el caos puede cundir, algo que no le conviene a nadie: ni a la sociedad venezolana, ni tampoco al gobierno.
El dilema es que a quien corresponde tomar medidas que le den un viraje a las políticas económicas que tienen al país sumido en la gravedad en que se encuentra, no está dispuesto a cambiar nada y por el contrario se dispone a asistir como un espectador más a la caotización del país. En tanto Polar empresa a la cual el régimen nunca pudo expropiar (porque sabía que Aceite Diana, Fama de América, Lácteos Los Andes, etc., no garantizaban una producción sostenible de alimentos), comienza a paralizarse porque el gobierno no le da divisas para importar materia prima. Lo curioso es que el gobierno no quiere estos cierres ahora, pero está atado a sus gríngolas ideológicas. Antes las plantas que cerraban las expropiaban, pero eso no ha ocurrido con Polar. Aunque el gobierno quiere parar la bola de nieve, ésta ha corrido mucho cuesta abajo y tiene ahora gran tamaño.
Miguel Méndez Rodulfo
Caracas, 7/08/2015