Quienes aspiran a ser diputados deben, como en cualquier trabajo, tener una hoja de vida acorde, llenar una planilla de solicitud además de someterse a un riguroso escrutinio, pasar una serie de pruebas psicológicas y realizarse exámenes médicos; y por último aunque no menos importante, una entrevista con quien en definitiva será su empleador, o sea, cada elector, que permitan a ese ciudadano que vota –elige- y es en consecuencia el contratante, tomar una decisión acertada. Claro, siempre existe el riesgo de equivocarse, algunos individuos dan saltos súbitos que nadie se imaginó antes, ya conocemos casos.
Cada trabajo tiene sus particularidades, y quien aplica como candidato a ocupar un puesto laboral, de ser aceptado se convierte en beneficiario que debe regirse por las normas inherentes a las responsabilidades, deberes y derechos del cargo concreto que ocupará, tanto si se busca esa ocupación por la necesidad de ganarse la vida, o porque realmente lo que se hace en ese trabajo es lo que le gusta hacer –o por ambas causas, que suele suceder, eso lo que llamamos vocación.
Venezuela está en plena campaña electoral y hay cientos de aspirantes a los trabajos de Diputado al parlamento; no es cualquier cargo, es una responsabilidad de altísima magnitud, el gran honor de representar a los ciudadanos de las diferentes regiones del país en la Asamblea Nacional, en el poder donde se analizan y dictan las leyes, donde se supervisa a los demás poderes públicos; el Poder Legislativo, y cada diputado, son la verdadera voz del pueblo.
O debieran serlo, mucho más que voceros de partidos, la voz y el pensamiento de cada ciudadano venezolano. Que algunos diputados, vergonzosamente, ocupen curules para sólo actuar como mandados de un partido o, aún peor, de un Gobierno, no cambia la realidad de la Constitución, del espíritu de la ley, del sentido auténtico de la democracia.
La Constitución Nacional, suprema ley de la republica, es la pauta por la cual deben regirse aquellos que por su trabajo y fortuna tengan la suerte, la distinción y el trascendental compromiso de ser elegidos. Tendrán que jurar cumplirla, no hacerlo los convertirá en perjuros y deberían poder ser destituidos de inmediato por su jefe real, el pueblo que los eligió.
Y para que no cometan el delito de perjurio, además de mancillar y deshonrar la ley, permítanme recordarles a quienes nos leen, electores como yo, algunos detalles de las obligaciones constitucionales de los Diputados, para que a su vez se las recuerden a quienes vayan a solicitar su voto para ser elegidos parlamentarios. De paso, recomiendo encarecidamente a todos los venezolanos electores que se lean, incluso memoricen, los artículos 186 al 224 de la Constitución Nacional.
El trabajo y las responsabilidades de cada Diputado son tan exigentes, que el Artículo 191 de la Constitución establece explícitamente: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”. Recuerden detalladamente esto.
El artículo 197 insiste: “Los Diputados o Diputadas están obligados u obligadas a cumplir sus labores a ‘dedicación exclusiva’, en beneficio de los intereses del pueblo, y ‘a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras’ atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y ‘estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato’ en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia”.
El artículo 201 es igualmente claro: “Los Diputados o Diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal”. Repetimos: “su voto en la Asamblea Nacional es personal”, nada de cumplimiento de instrucciones de nadie que no sean los ciudadanos y, aún más concretamente, los ciudadanos que los eligieron a quienes representan personalmente, y a quienes cada Diputado debería informar y consultar personalmente”.
Es decir su empleador no es el partido político que los postula, es el ciudadano que los elige y a él se deben.
La asistencia es una de las obligaciones más violadas por los Diputados venezolanos. De las más recurrentes fallas que se producen en los trabajos, es la inasistencia sin duda la que se lleva el primer lugar. Es comprensible que se produzcan ausencias, a cualquiera le pasa enfermarse o tener que asistir a otras obligaciones, eso se entiende.
Pero que un Diputado de cualquier partido tenga ausencias por encima del 25 % -tomamos ese porcentaje como razonable, los Diputados deben viajar a sus circunscripciones, lo establece la Constitución, y también les da gripe o se indigestan, en cualquier caso equivale a una semana de cada mes del año- es pura y simplemente ilícito, anticonstitucional, irresponsable y, por todo ello, intolerable. En la Asamblea Nacional de Venezuela hay diputados que no es que se ausentan el 25 ó 30 ó 50 % de las veces que son convocados, es que al revés sólo asisten al 20 o menos por ciento de las sesiones.
Uno de los ejemplos más aberrantes, descarados y vergonzantes es la violación del artículo 188 de la Constitución Nacional, que establece clarísimamente, además de la nacionalidad venezolana y la mayoría de edad –de 21 años en adelante- la condición de “haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección”.
Hemos visto como para estas elecciones parlamentarias tanto el oficialismo como la oposición han roto de manera grosera y descarada esa disposición, han postulado candidatos que no tienen la menor idea de la entidad que van a representar, que ni viven y en mucho casos ni siquiera han nacido allí. Aún peor, los poderes garantes, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia lo han aceptado, se han hecho cómplices desvergonzados de una clara violación de la Constitución arguyendo un reglamente que, obviamente, les conviene pero que está por debajo de una instrucción muy clara del texto constitucional.
Esto lo hemos denunciado insistentemente, y no hemos sido los únicos. Pero ni el Gobierno, ni el Polo Patriótico ni la Mesa de la Unidad Democrática han hecho el menor caso, dan preferencia a compromisos oscuros y les importa un bledo la Constitución, ésa es la democracia, ésa es la república, ése es el país que nos están dando. Los ciudadanos nos sentimos burlados, engañados y estafados por “políticos” que con descaro, empecinamiento e impunidad han violado leyes y reglamentos.
Los postulados, incluso los que van por la vía de la violación del artículo 188 deberían estar muy claros –es lo menos que puede esperarse en un país desordenado, fracasado y enloquecido-, de la responsabilidad, obligaciones y deberes que les corresponde ejercer en la próxima Asamblea Nacional y, por sobre todo, deberían meterse en el alma la voluntad de no engañar al pueblo, que ya ha sido demasiado engañado por unos y otros.
Esos próximos diputados deberían convencerse a sí mismos de lo que es impropio para quienes ejercen la representación, la voz y la voluntad de sus electores, y como tales harán las leyes futuras de la patria.
@ArmandoMartini