La madrugada del lunes 13 de julio, más de 200 efectivos del Sebin, Cicpc, la División de Vehículos y la Brigada de Acciones Especiales, con armas largas y apoyados por tanquetas de la GNB, se desplegaron en los alrededores de la Cota 905 en el marco del Operativo de Liberación y Protección (OLP) dirigido por el Ministerio de Interior y Justicia. Todos los accesos a la Cota 905 fueron cerrados por los efectivos de seguridad y el operativo se inició a las 4 am; fue cruento y duró 9 horas. Las fuerzas policiales se enfrentaron a grupos delincuenciales con el resultado de que fueron abatidos 14 supuestos antisociales, se desmantelaron 7 bandas, se recuperaron 20 vehículos y se capturaron a 134 personas, entre ellos 34 extranjeros; sin embargo, se conoció que los habitantes de los edificios aledaños a la Cota 905 se refugiaron en sótanos o dejaron sus hogares por la presencia de francotiradores en la zona. Si esto fue así, como sería lo vivido por los residentes de este conglomerado de barrios, cuyas viviendas son, en su mayoría, de material frágil. La Defensoría del Pueblo dijo haber recibido sólo 20 denuncias sobre los excesos policiales que se realizaron en el operativo contra las personas detenidas.
El mismo 13 de julio también hubo OLP en Ciudad Tiuna, en el sur de Aragua y en Betania II. En este último urbanismo acudieron 200 efectivos de la Guardia Nacional y fue el lugar en el que un militar salió herido y falleció en un centro asistencial, luego de que delincuentes lanzaran una granada, pero allí fue el sitio ultimaron a seis de los 10 delincuentes que perpetraron la masacre de Lomas de La Guadalupe, en la que habían muerto 10 personas y resultaron heridas otras 3, casi todas de la familia Urbano. Posteriormente, el 27 de julio hubo otra OLP, esta vez en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), por cierto territorios declarados con anterioridad como “Zonas de Paz” y del que Ciudad Betania y Lomas de la Guadalupe formaban parte. Sin embargo, esta vez hubo filtraciones desde los propios organismos policiales, de manera que cuando se produjo dicho operativo, los hampones se habían retirado horas antes. Tal escape permitió que la OLP no fuera cruenta, pero supuso graves consecuencias para muchas personas que perdieron sus viviendas, enseres, motos, etc., de ello dan cuenta los reportajes del sitio web Contrapunto.
Provea, entre tanto, le salía al paso al gobierno y rechazaba la supuesta popularidad de las razzias policiales-militares. Argumentaba la ONG que los operativos no eran excusa para la violación de derechos humanos. Además advirtió que fueron arbitrarias 90, 8% de las detenciones realizadas a través de estos OLP. Este organismo publicó un informe a través del cual analizó los resultados de los 23 operativos ejecutados por 5.789 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana y policías estadales y municipales, entre el 13 de julio y el 11 de agosto de 2015. Concluyó que “Un total de 4.021 ciudadanos fueron detenidos en los estados Miranda, Aragua, Monagas, Carabobo, Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Yaracuy, Barinas, Lara, así como en el Distrito Capital, durante el primer mes de ejecución de la OLP. Del total, sólo 368 personas habían sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles”.
Lo que está muy claro de estos operativos es que una política de prevención del delito va mucho más allá de la declaración de Zonas de Paz, así como de una represión indiscriminada, en la que la población sufre la acometida despiadada de la fuerza gubernamental. Hay niños, mujeres, ancianos, jóvenes estudiantes y hombres trabajadores, que son ajenos a las actividades delictivas, que no deben sufrir o perder sus vidas.