Las denominadas “Organizaciones para la Liberación del Pueblo”, OLP son, en una sola palabra, la más palpable demostración del fracaso del gobierno nacional en materia de seguridad después de innumerables planes, proyectos y hasta “zonas de paz”, todos excelentes en teoría pero sin aplicabilidad en la práctica.
Desde que el Presidente Hugo Chávez se instaló en el Palacio de Miraflores, allá por el año 1999, de decir, en el siglo pasado, la exigencia de los venezolanos era, y sigue siendo, la seguridad ciudadana, del hombre de a pie, de las familias, dado que los altos funcionarios del gobierno y todos sus entornos gozan de guardaespaldas, al punto que hasta un presentador de televisión, Mario Silva, tiene varias personas para cuidarlo.
En todas las encuestas, y me atrevo a afirmar que en absolutamente todas, la seguridad es el clamor, la gran demanda ciudadana porque en Venezuela desde hace década y media los venezolanos comunes y corrientes estamos expuestos a delincuentes bien armados (incluidas granadas y fusiles de largo alcance) y a PRANES, jefes protegidos en las cárceles las cuales les sirven como especie de protectorados más que de sitios de detención.
La respuesta del presidente Nicolás Maduro son ahora las denominadas OLP, grupos mixtos de militares mezclados con funcionarios policiales quienes actúan en acciones mancomunadas muy al estilo de James Bond, es decir, con licencia para matar y en Venezuela, a diestra y siniestra.
Más allá de infundir terror y tratar de alcanzar objetivos precisos contra comunidades venezolanas las OLP son diametralmente opuestas al esquema anterior de Maduro, de las “Zonas de Paz” porque la carta de presentación de los funcionarios de las OLP son el arma y la irrupción violenta en casas y comercios.
Las OLP representan la barbarie aplicada para pretender solucionar un problema de inseguridad mediante el uso de la fuerza y esencialmente contra la gente de los estratos más pobres a quienes se les detiene arbitrariamente (el 90.8 por ciento de las 4 mil aprensiones efectuadas por policías y militares, de acuerdo a Provea).
Es bien sabido que para el combate de la delincuencia se requiere, entre otras medidas, de realizar actividades de inteligencia y cooperación de las comunidades; de un trabajo de seguimiento policial; y de decisiones al más alto nivel como son una verdadera política de desarme que permita recuperar las armas de fuego mediante el intercambio monetario, por ejemplo y sanción es duras para aquel que posea ilegalmente un arma.
Nunca han resultado esas batidas policiales-militares en las cuales probablemente se detecta y ataca al delincuente pero el riesgo del exceso de la fuerza alcanza muchas veces a personas inocentes, a vecinos honorables que terminan al final siendo víctimas de la acción de los militares y funcionarios policiales, tal como estamos viendo en la actualidad.
Máxime cuando bajo el amparo de la moda OLP en Aragua grabaron a varios policías ajusticiando a una persona, hecho que podría estarse repitiendo en otros puntos de la geografía nacional donde se dan acciones de la OLP, de acuerdo a la advertencia lanzada por el experto en criminalística Rafael Narváez.
Toda acción del alto gobierno para el combate de la criminalidad, de la delincuencia debe necesariamente tomar en cuenta a los gobiernos regionales y locales que cuentan con cuerpos policiales, aun cuando ahora tales instituciones estén intervenidas o bajo la tutela de la Policía Nacional Bolivariana.
Ello porque se requiere de una acción mancomunada de la PNB, de la Policía Regional y de la Policía Municipal, con auxilio en cuanto a tareas de inteligencia del CICPC y de la Guardia Nacional. Esa acción mancomunada debe ser organizada y debidamente ejecutada para detectar al delincuente, evitar causar daños a terceros y reguardar a los ciudadanos no solo por el momento (la moda OLP) sino en forma permanente.
Nunca se debe actuar improvisamente como lo estamos viendo con las OLP que solo actúan contra un solo tipo de delincuente pero no tocan ni con el pétalo de una rosa a los delincuentes poderosos, a las mafias del bachaqueo, por ejemplo, que cuentan con el amparo de gobernantes y de altos funcionarios militares, quienes se hacen la vista gorda con la gasolina y alimentos que pasan frente a sus propias narices.
Las OLP actúan como si en Venezuela no existiera la ley, ni los derechos humanos. Se creen que pueden disparar y preguntar después como si estuviéramos en un Estado de Sitio y detienen a quienes mejor les parezca. Tamaña arbitrariedad debe ser detenida de inmediato para organizar un verdadero y creíble plan de seguridad con el apoyo de los gobiernos regionales, municipales y de la ciudadanía.
@NoraBracho|diputada de la Asamblea Nacional