El asesinato del trabajador de Ferrominera Orinoco, Carlos Alberto Contreras, ha dejado al descubierto el grado de vulnerabilidad de las fábricas en contraste con el militarismo ensayado por el Gobierno dentro de las empresas básicas y el refuerzo de las zonas de seguridad para criminalizar las protestas laborales.
Clavel Rangel / Correo del Caroní.
Contreras, de 51 años de edad y ocho años de servicio en Ferrominera (según su registro en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), recibió tres tiros en las inmediaciones de la planta de briquetas cuando realizaba labores de patrullaje como parte de sus funciones en la Gerencia de Seguridad Patrimonial. Por el hecho han sido detenidos tres hombres de la etnia warao como parte de una presunta banda dedicada al robo de materiales estratégicos.
Aunque el historial de robos dentro de las empresas no es nuevo, es la primera vez que un trabajador muere en el desempeño de sus funciones a causa de la delincuencia.
Largo historial
Apenas hace 20 días el presidente de CVG Bauxilum, José China, anunció que junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía del estado Bolívar (PEB) reforzarían la seguridad dentro de las empresas básicas.
Días antes, trabajadores denunciaron que hombres a mano armada les asaltan cuando caminan a sus áreas de operaciones, porque no hay transporte de circunvalación interna.
La respuesta del Gobierno fue una reunión y un comunicado en el que el secretario general del sindicato de profesionales Suprobaux, Wilfredo Flores, decía que el encuentro era “vital” para “aclarar cualquier situación que pueda generar algún ruido, para que no sea utilizada con fines electorales o con la intención de generar malestar en la clase trabajadora”.
Ese mismo día, pero en Sidor, los empleados aplaudieron la llegada de insumos y repuestos a la planta pero exigieron que haya una investigación sobre las decenas de robos que se han registrado en los últimos meses.
En ese período han cargado con 26 planchas, 600 metros de cable de R2 en una línea de producción y conductores eléctricos nuevos en la bodega de Planchones.
Además se han robado aires acondicionados en la Sala de Laboratorio de la Fábrica de Tubos, una bocina de bronce, rodamientos de uso para las mangas, 13 mil kilos de electrodos, 5 mil metros de cables, tres computadoras y una portátil en fábrica de tubos.
Hay áreas, incluso, que los sidoristas se niegan a recorrer porque no hay alumbrado ni desmalezamiento y colidan con zonas tomadas por los llamados garimpeiros -ladrones caracterizados por hurtar chatarra producida en las empresas básicas-.
En julio también hubo más robos en CVG Alcasa. La delincuencia cargó con aires acondicionados, computadoras y una máquina de soldar.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, ha denunciado el contraste entre el despliegue militar y los continuos robos en las instalaciones de la factoría.
Despliegue militar
Pero mientras el hampa hace de las suyas dentro de las fábricas, el Gobierno multiplica sus formas de militarismo dentro de ellas. El proyecto más reciente ha sido el de las milicias obreras con el que Nicolás Maduro comprometió a la Central Bolivariana de Trabajadores para la defensa de la patria.