Los “pimpineros” de Cúcuta siguen haciendo su agosto a pesar del cierre de frontera

Los “pimpineros” de Cúcuta siguen haciendo su agosto a pesar del cierre de frontera

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Foto AFP

Todos los días antes del amanecer se forman largas filas de vehículos en las gasolineras de Cúcuta para abastecerse de combustible, un producto que antes sobraba y ahora escasea desde que el Gobierno venezolano cerró la frontera, hace ocho días.

Cúcuta, ciudad de unos 600.000 habitantes, capital del departamento de Norte de Santander, está en la línea de frontera, comunicada con la ciudad venezolana de San Antonio por el puente internacional Simón Bolívar, que cruza el río Táchira, vía que fue cerrada temporalmente por orden del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Por el puente circulaban diariamente hasta su cierre miles de personas que viven o trabajan al otro de la frontera y también ingentes cantidades de gasolina venezolana y otros bienes de consumo que ingresaban en Colombia de contrabando, con lo cual Cúcuta y todo el Norte de Santander han gozado durante décadas de la gasolina más barata del país.





Pero con el cierre de la frontera el desabastecimiento es palpable, no solo en los puestos legales de combustible, que por estos días están llenos, sino también en las calles de la ciudad donde permanecen desiertos los negocios improvisados que vendían en bidones de plástico gasolina de contrabando.

“La gente viene a hacer cola desde la cinco de la mañana, pero muchos lo hacen para revenderla”, cuenta a Efe Fabio, un jubilado de 59 años que esperaba turno en un puesto de gasolina del barrio Zona Industrial, donde muy temprano en la mañana se había formado una fila de al menos 120 vehículos entre automóviles y motocicletas.

En Cúcuta, un galón de gasolina (3,78 litros) cuesta 5.600 pesos colombianos (unos 1,76 dólares), mucho menos de los 8.200 pesos (unos 2,58 dólares) que vale en Bogotá y otras ciudades del país, pero la de contrabando, vendida en las calles por los llamados “pimpineros”, costaba alrededor de 3.000 pesos el galón (unos 95 centavos de dólar).

Con el cierre de la frontera la ecuación se ha invertido y ahora los “pimpineros” compran la gasolina a quienes la obtienen en los puestos autorizados para luego revenderla más cara, a por lo menos 12.000 pesos el galón (unos 3,78 dólares), a quienes no disponen del tiempo suficiente para esperar horas su turno y quieren evitar la fila.

“Hay una cadena en la que gana el que abastece temprano y luego el que la revende, todo se vuelve negocio”, explica Julio César, un motociclista.

Uno de los argumentos de Venezuela para cerrar la frontera fue el permanente contrabando de gasolina y otros bienes que causa un gran daño a su economía, fenómeno que sin embargo no es nuevo pues desde hace décadas se presenta en Cúcuta y otras ciudades fronterizas, principalmente de los departamentos de La Guajira, Cesar y Arauca.

Según las autoridades de los dos países, en la mayoría de los casos este negocio es controlado por bandas criminales que cuentan con una extensa red de distribuidores minoristas no solo en las zonas de frontera sino también en otras partes del interior de Colombia.

A pocos metros de una gasolinera del sector cucuteño de Cenabastos, los “pimpineros” hacen su agosto revendiendo gasolina colombiana, aunque en volúmenes mucho menores que antes del cierre del paso fronterizo, pero evitan dar declaraciones con el argumento de que se les “azara el negocio”, hasta que uno de ellos finalmente accede para explicar su situación.

“Estamos mal porque el cierre de la frontera nos tomó de improviso y estamos en una situación tremenda; yo tengo tres hijos que mantener y apenas gano para comer”, explica a Efe Jorge Emiro, un cucuteño que asegura que hace nueve años se dedica a vender gasolina de contrabando porque no tenía otro medio de subsistencia.

Jorge Emiro dice que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que ayer visitó Cúcuta, donde prometió ayudas a los deportados de Venezuela, también debería tener en cuenta a los “pimpineros”, que aunque ilegales, se quedaron de un momento a otro sin fuente de ingresos.

“Somos unas 3.000 familias que vivimos del negocio de la gasolina y con el cierre de la frontera estamos igual que los deportados”, resume. EFE