La Sibucara, Venezuela- A comienzos de mes, horas después de haber saqueado e incendiado un puesto de la Guardia Nacional en este soleado rincón de Venezuela, una turba enfurecida por la creciente escasez de alimentos estrelló camiones contra el humeante edificio, reduciéndolo a escombros, publica The Wall Street Journal.
Maolis Castro y Kejal Vyas/The Wall Street Journal
El incidente fue apenas uno de los muchos enfrentamientos violentos que han estallado en distintos rincones del país en las últimas semanas a medida que los venezolanos esperan durante horas en haciendo cola en los supermercados para comprar productos básicos como leche y arroz. La escasez ha hecho que el hambre se vuelva una preocupación palpable para muchos indígenas Wayuu que habitan el extremo norte de los 2.000 kilómetros de frontera que separan a Venezuela de Colombia.
Los soldados habían sido desplegados para frenar el flagrante contrabando de alimentos y la especulación desenfrenada de precios, a los que el presidente Nicolás Maduro culpa por la inflación de tres dígitos y la escasez que asolan al país. Pero después de haber confiscado las mercaderías contrabandeadas, los propios soldados se convirtieron en frecuente blanco de personas cada vez más desesperadas.
“Lo cierto es que aquí pasamos mucha hambre, los niños sufren mucho”, dijo María Palma, una abuela de 55 años de edad, quien en un reciente y caluroso día hizo cola frente a un supermercado desde las 3 de la mañana hasta el mediodía y terminó marchándose con las manos vacías.
Según una encuesta nacional realizada por la firma Consultores 21, 30% de los venezolanos tuvieron dos o menos comidas por día durante el segundo trimestre del año, un aumento de 10% respecto del trimestre anterior. Alrededor del 70% de los consultados dijo también que habían dejado de comprar algún alimento básico o bien porque no estaba disponible o porque se había vuelto demasiado caro.
Los problemas de suministro de alimentos en Venezuela ponen de relieve la situación cada vez más precaria del gobierno de Nicolás Maduro, quien según la última encuesta de Datanálisis cuenta con las preferencias de menos del 20% del electorado de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. La crítica situación amenaza con hundir al mayor exportador de petróleo de América del Sur en una ola de disturbios civiles similar a las manifestaciones que el año pasado sacudieron al país pidiendo la salida de Maduro.
“Es una crisis nacional”, dijo Marco Ponce, jefe del Observatorio del Conflicto Social de Venezuela, una organización sin fines de lucro. Ponce destaca que a diferencia de las protestas políticas del año pasado, la población está saliendo a las calles a exigir derechos sociales.
Según el Observatorio, durante el primer semestre del año se registraron 500 protestas por escasez de alimentos, 56 saqueos y decenas de intentos de saqueos en supermercados, farmacias y almacenes. Los camiones de reparto también son atacados con frecuencia. “Si la gente no está manifestando está afuera haciendo cola para bienes”, dijo Ponce.
Las protestas son una respuesta al dramático empeoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos como consecuencia del impacto económico de la caída del petróleo y tras más de una década de gasto populista que dejó al gobierno quebrado.
Años atrás, cuando los precios del petróleo estaban altos, el gobierno inundaba los mercados con productos subvencionados, desde aceite de cocina a pañales. Los habitantes de ciudades fronterizas como La Sibucara tenían no sólo acceso a bienes baratos, sino que gracias a esas subvenciones encontraron una nueva fuente de ingresos. Muchas personas traficaban todo tipo de productos—incluyendo la gasolina, que es casi gratuita en Venezuela— a Colombia, obteniendo así jugosas ganancias.
Ahora que el gobierno se encuentra en dificultades para pagar las importaciones, hay menos para todos. En los últimos días, Maduro endureció su postura enviando tropas a la frontera para detener el flujo ilegal de bienes y deportando a cientos de colombianos a quienes el gobierno culpa por el contrabando y la escasez. Más de 6.000 presuntos contrabandistas han sido detenidos este año, según la oficina del fiscal general.
Como parte del esfuerzo denominado “Operación para la liberación del pueblo” por el presidente, los supermercados son vigilados por el ejército. La prensa estatal despliega imágenes de soldados posando con sospechosos esposados y pilas de mercancías decomisadas.
“Vamos a la raíz del problema”, dijo Maduro la semana pasada en un discurso a la nación después de un tiroteo con traficantes en el estado fronterizo de Táchira que dejó tres soldados de la Guardia Nacional heridos y llevó a Venezuela a cerrar pasos fronterizos clave.
Los contrabandistas a los que se dirige la represión gubernamental son llamados bachaqueros, por unas hormigas locales que puede cargar muchas veces su peso. El término, que comenzó a usarse en el estado noroccidental de Zulia, se ha convertido en parte del lenguaje coloquial del país para definir a los venezolanos que compran productos de precio controlado y para revenderlos en el mercado negro.
Aunque que el gobierno culpa a los bachaqueros por la escasez, los economistas dicen que estos son una consecuencia de los controles de precios y de un modelo económico que ha dejado a muchos venezolanos sin opciones de empleo.
“Ya la gente que nos daba trabajo se fueron, las empresas privadas o los ricos, y nosotros tenemos que buscar la manera de trabajar o sobrevivir”, dijo Palma, la vecina de La Sibucara, quien agregó que ella también de vez en cuando trafica mercancías para sobrevivir. “No es el mejor negocio, pero no tenemos trabajo y tenemos que encontrar una manera de comer”.
A principios de este mes, el ejército de Venezuela allanó casas y almacenes alrededor de la ciudad, incautando toneladas de mercancías presuntamente acaparadas para ser luego enviadas fuera de Venezuela o revendidas en el mercado negro, muy por encima de los precios fijados por el estado.
Lisandro Uriana, con un ojo negro y una pierna vendada, dijo que él y dos amigos fueron golpeados por las fuerzas gubernamentales que allanaron la casa de un vecino. “No dijeron nada, no preguntaron nada; sólo nos golpearon y no pudimos defendernos porque ellos estaban armados y eran muchos”, recordó este Wayuu de 46 años, padre de cuatro hijos, que vive en una casa con techo de zinc de dos habitaciones. “Yo ni siquiera bachaqueo, mi esposa tampoco…y ahora no puedo ni levantarme para trabajar”.
El día de las redadas, dijeron los vecinos, la gente le pidió a las tropas que estaban acantonadas en el puesto de mando de la Guardia Nacional que distribuyeran los alimentos incautados entre los no-contrabandistas, pero fueron desoídos. Muy pronto se formó una multitud enfurecida que echó a los soldados y luego atacó y desvencijó las instalaciones.
“Esos han sido casos muy aislados”, dijo hace poco Manuel Graterol, un general de la Guardia Nacional que supervisó las operaciones en La Sibucara. El militar culpó a los opositores del gobierno de Maduro por los disturbios y el fenómeno bachaquero.
“Muchos de ellos están siendo sinvergüenzas, están traicionando a nuestro país, agarrando los alimentos y llevándolos para sacarlos por la frontera “, dijo el general Graterol.
Pero estas protestas por alimentos han estallado en numerosos municipios del estado de Zulia. En la cercana localidad de Sinamaica, la planta baja de la oficina del alcalde fue incendiada a principios de agosto durante una ola de disturbios que incluyó el saqueo de camiones de reparto. Los disturbios, dijeron lugareños, comenzaron después de que la policía detuviera a un camión cargado con arroz.
El vendedor ambulante Robert Guzmán, vestido con una camiseta roja pro-gobierno, dijo que el saqueo estuvo justificado. “Sinamaica no es un pueblo salvaje”, dijo Guzmán en referencia a su comunidad Wayuu. “Somos personas muy tranquilas y lo que sucedió hace poco solo fue parte del desespero. No creo que esto mejore, sino que empeorará”.
Yusleidy Márquez, otra residente, también teme lo peor. La canasta de alimentos subsidiados que el gobierno da a su madre cada 15 días solamente puede alimentar a su familia por dos días. Últimamente, Márquez sólo come una empanada de harina de maíz en el almuerzo porque no puede permitirse más gastos.
“Yo pienso que nos vamos a morir de hambre”, dijo.