Las bochornosas imágenes sobre la expulsión de ciudadanos colombianos constituyen una vergüenza para nuestro país. Las arbitrariedades cometidas y verificadas por diversas organizaciones de la sociedad civil son repudiables desde todo punto de vista.
La ejecución de un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno nacional en el marco del Estado de excepción decretado el 21 de Agosto de 2015, cuyo ámbito territorial fue ampliado el día de ayer, ha resultado en una situación de mucha gravedad que coloca a Venezuela en una situación de descrédito y rechazo ante el mundo, causa alarma en nuestro hemisferio y quebranta, igualmente, las relaciones bilaterales con la República de Colombia, país al que nos unen múltiples e históricos lazos.
Estamos en presencia de violaciones indiscutibles a principios y normas no sólo de nuestro ordenamiento jurídico nacional, sino también de las reglas internacionales vinculantes contenidas en tratados firmados por nuestro país. (Carta Democrática Interamericana, Pacto de los Derechos civiles y políticos, Estatuto de la Corte Penal Internacional, Protocolo de Ushuaia II).
Tales acciones violentan, además del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, al cual se adhieren todas las organizaciones regionales y subregionales del hemisferio, la normativa establecida en los tratados sobre la materia, suscritos en el ámbito de las Naciones Unidas.
Como grupo de reflexión venezolano, deseamos hacer saber a la opinión pública nacional e internacional nuestro repudio terminante a los excesos y arbitrariedades cometidos contra los ciudadanos.
colombianos que fueron expulsados de nuestro territorio y no les fueron respetados los más elementales derechos que el ordenamiento jurídico les garantiza.
No avalamos el inadecuado tratamiento que el gobierno hace de la compleja situación de la frontera, en mucho agravada por su desidia y equivocadas políticas durante los años que ha estado en el poder.
Venezuela y Colombia institucionalizaron antes del gobierno actual, mecanismos para abordar los distintos asuntos que a ambos países conciernen, los cuales han sido desdeñados por el gobierno nacional.
Reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas de los atropellos y reafirmamos nuestra vocación integradora con el país hermano.
Exigimos la derogatoria del Estado de Excepción y hacemos un llamado para que cesen las expulsiones indiscriminadas y se respeten los derechos humanos en la zona fronteriza, todo de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República.
Finalmente, aspiramos a que la institucionalidad hemisférica, con base en las competencias que les han sido conferidas en los tratados, asuma un papel proactivo en la búsqueda de una solución a una crisis, que si bien es de incumbencia bilateral, pudiera afectar a la región en su conjunto.
Np