Debacle social propicia condiciones para otro Caracazo

Foto Reuters/Archivo
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Eduardo Mollegón intentó calmar a la gente. La mañana del 31 de julio los pasajeros estaban amotinados y Eduardo, el fiscal de transporte público, lo advertía, publica Correo del Caroní.


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No estaba fácil porque ese viernes el instituto municipal sancionaba a los transportistas en la avenida Macagua. Las horas pasaban. Los autobuses no llegaban y los que intentaron cargar pasajeros en la parada de La Económica cobraban 50 bolívares el pasaje, 40 bolívares más que la tarifa legal.

De pronto la turba comenzó “a detener las unidades, a amenazar con romper vidrios (…) lo que querían era el transporte y eso llevó a otra cosa, y se unieron las dos manifestaciones”, recuerda Eduardo.

En La Económica, en la avenida Manuel Piar de San Félix, los pasajeros trancaron la calle, secuestraron un bus rojo de la Gobernación del estado Bolívar y, en un tris, la protesta se transformó en disturbio con quienes estaban en cola para comprar arroz ese día.

A las 7:30 de la mañana ya el saqueo era un hecho en el Supermercado Uniferia y en el comercio Confitodo. Cientos de personas cargaron con refrescos, cereales, harina, pasta y enseres de plásticos. Minutos antes, en el Mercado Municipal de Chirica vendían 570 combos de harina de maíz a los que madrugaron.

Primero llegó la Policía del estado Bolívar y luego la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Se escucharon disparos.

En la esquina, a metros de Uniferia, el cuerpo de Gustavo Patinez Gómez, de 21 años de edad, caía a brazos abiertos con un tiro en el pecho. “Eso fue el maldito gobierno”, decía rabioso un señor que trataba de impedir que “los del Gobierno” tomaran fotos. “¡Esa es la revolución del hambre!”, gritaba un hombre mientras una mujer se abalanzaba sobre el cuerpo de Gustavo, un vendedor del mercado.

Al mediodía un grupo cargó con la charcutería y la carne de las neveras del mercado de Chirica, donde entraron rompiendo una pequeña reja con tubos y palos. La Policía solo observaba. En las 24 horas siguientes nada estuvo claro.

Los disturbios se extendieron durante la tarde y la noche calle adentro de la Ruta 1 y la Ruta 2 de Vista al Sol. Se impuso una especie de toque de queda tácito, mientras el gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez, insistía, desde la feria Bolívar Potencia, en que todo estaba controlado.

Muchos no se enteraron del arresto de sus familiares sino al día siguiente. La GNB no solo detuvo a personas en la avenida Manuel Piar. También dentro de casas y en puestos de comida, como al hijo y al sobrino de José Piamo.

Un trabajador de Sidor que regresaba de Ciudad Bolívar fue detenido cuando estacionaba su carro, a metros de su casa, cuenta su esposa, una maestra con más de 20 años en el sector.

Al final de la noche, más de 100 personas estaban apresadas en la Comisaría de Guaiparo y a un mes de los saqueos, 60 de ellos permanecen presos esperando la audiencia preliminar. La mayoría son caleteros, vendedores de pollo, sardinas, verduras o gente que esa mañana salía a trabajar.

El excoordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, cree que desde las manifestaciones de 2014 no había tantos detenidos en manifestaciones.

Y sobre el caso, advierte que el Estado tiene la responsabilidad de investigar los sucesos y muertes como la de Gustavo.  Sobre eso ya hay un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ‘el Caracazo’ que se resumen en la serie de mandatos de 1999.

“Los disturbios deben ser controlados por las fuerzas policiales y no por fuerza militares, a menos que se salga de control pero en los últimos cinco años se le ha dado un papel preponderante a la Guardia Nacional. La sentencia lo establece, no es ningún capricho”.

Sobre esto, la Ley de Policía Nacional establece parte de esos principios y como primer elemento destaca el uso progresivo de la fuerza, para el cual deben agotarse todos los mecanismos de persuasión.

Muchos de esos principios, resalta Alvarado, no se están cumpliendo y se concatenan con la criminalización de la protesta social.

“El saqueo es una forma de protesta violenta y los instructivos establecen cómo se debe actuar. (…) Desde el punto de vista penal, por supuesto, si te metes a una propiedad privada para adquirir elementos o cualquier cosa, no estás actuando en el acto de la ley, estás cometiendo un delito. Eso en el marco estrictamente jurídico, pero eso no se puede desligar del contexto social”.

Quizá lo más importante sobre los sucesos de San Félix, destaca, es que repitió en pequeño lo que pasó en 1989, en un espacio localizado donde se repiten los mismos errores: el uso excesivo de la fuerza.

Una advertencia

No es aventurado compararlo con ‘el Caracazo’, opina la historiadora Margarita López Maya. “Hay bastantes elementos parecidos, las condiciones socioeconómicas son muy parecidas a la del Caracazo”, en especial el descontento por el transporte, el desabastecimiento, el cobro de pasajes y la crisis económica, menciona.

“La gente está saliendo a la calle a protestar. Las protestas se salen de control porque hay mucho descontento, hoy hay más desabastecimiento de lo que había en esa época que, más que todo, era por acaparamiento, pero los efectos son los mismos”, recuerda vía Skype quien ha viajado a dar clases sobre democracia directa y participativa en la Universidad de Princeton.

Pese a las similitudes, López Maya apunta una diferencia: ‘el Caracazo’ tomó por sorpresa al gobierno de Carlos Andrés Pérez que tenía 25 días de haber tomado posesión. Hoy, el Observatorio Venezolano de Conflictividad ha contabilizado 56 saqueos en el primer semestre de 2015.

Ese dato, apunta López, va a continuar “porque el estado de descontento, la necesidad es muy grande y los abusos, la represión y la humillación de estar en cola genera esos conatos de saqueos y expresiones de malestar”.

El principal canalizador de ese sinsabor lo avizora el 6 de diciembre, fecha de las elecciones parlamentarias. “Puede haber un voto castigo importante como sucedió con ‘el Caracazo’, ocho meses después fueron las elecciones regionales”.

Se refiere a las elecciones de gobernadores y alcaldes de 1989, donde Acción Democrática perdió 12 de los estados en los que,  meses antes, obtuvo la mayoría.

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