La organización Expresión Libre, comunicadores por la paz y la democracia, emitió un comunicado sobre el informe del mes de agosto referente a la libertad de expresión en Venezuela. En el texto se hace mención a los nuevos procesos legales que emprendió el presidente de la Asamblea Nacional contra directivos de medios nacionales.
La apertura de nuevos procedimientos tribunalicios a directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla por el caso de presunta difamación al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; el inicio de un procedimiento administrativo por Conatel al canal internacional CNN; atropellos y obstaculización de la labor de los periodistas en Carabobo, Portuguesa y el Distrito Capital fueron las incidencias que se registraron durante el mes de agosto en afectación a la libertad de expresión y el derecho a la información, lo cual mantuvo el clima hostil hacia el trabajo de periodistas y medios de comunicación en el país, como ha sido denunciado reiteradamente. A continuación los detalles de estos hechos.
2 de agosto.
En otra incidencia de un juicio previo, el domingo 2 de agosto de 2015 fue publicado en la prensa nacional un segundo cartel de citación a varios dueños de medios de comunicación privados señalados por una supuesta campaña difamatoria en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón. La supuesta campaña no es más que la inserción en los medios demandados de un artículo publicado originalmente en el diario español ABC.
La demanda dice estar basada en los artículos 392 y 400 de Código Orgánico Procesal Penal (Copp), por la acusación de presunta difamación agravada continuada contra Cabello “a quien en sus publicaciones “calificaron de narcotraficante y como líder de una organización criminal”, según el cartel de citación.
El Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de juicio del circuito judicial penal de la circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas, citó a Miguel Enrique Otero (El Nacional), Teodoro Petkoff (Tal Cual) y Alberto Federico Ravell (La Patilla). La medida recae también sobre Mariana Otero, Oswaldo Karam García, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Beatriz Cecilia de Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique y Leopoldo Enrique López Gil (El Nacional, C.A). También son citados Juan Antonio Golia Amodio, Francisco José Larysse Jiménez (Tal Cual); Isabel Cristina Ravell Nolk, David Alberto Morán Bohórquez (La Patilla).
En contra de los acusados han sido decretadas medidas cautelares sustitutivas de libertad previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 242 del Copp, en los que se establece la presentación cada ocho días ante el tribunal y la prohibición de salida del país sin la previa autorización del tribunal. Los acusados han denunciado un cúmulo de irregularidades durante este proceso.
4 de agosto
El reportero gráfico del diario el Carabobeño, Andrews Abreu, resultó con un hematoma en una pierna tras será agredido por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando tomaba imágenes de un saqueo en la sede de Makro del municipio San Diego, estado Carabobo. Abreu colocó en su twitter: “Funcionario de la PNB me golpeó con un bastón extensivo en la pierna y me quitaron la cámara”.
6 de agosto
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció el inicio de un proceso administrativo sancionatorio al canal internacional CNN, por “presuntas falsas y graves informaciones” sobre intentos de saqueo en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, el pasado jueves 6 de agosto.
La apertura de este procedimiento administrativo estaría basada en los artículos 1 y 22 de la Ley Resorte y, según la información del organismo estatal, se debe a la colocación en pantalla de un “insert” señalando supuestos saqueos en momentos en que transmitían un reporte sobre desabastecimiento que realizaba la corresponsal de ese canal en nuestro país, Osmary Hernández. Esta equivocación fue reconocida por la propia CNN en un comunicado.
La apertura de este procedimiento resulta preocupante pues pudiera servir de pretexto para que el gobierno nacional proceda a dictar una medida de excluir de la parrilla de televisoras internacionales por cable a CNN, como ya lo hizo con RCTV Internacional y más recientemente con NTN24, a raíz de los hechos de violencia que conmocionaron al país en el 2014.
Resultó especialmente grave que, el mismo día del incidente, el presidente Maduro y el gobernador Tareck El Aissami acusaron de “terrorista” a CNN y mostraron una imagen en la que aparece la corresponsal en Venezuela de CNN, Osmary Hernández, de quien afirmaron “que lamentablemente es una venezolana al servicio de esta cadena terrorista”, acusación que reviste una enorme gravedad y que expuso al escarnio público a la corresponsal internacional.
18 agosto
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que desalojaban a varias familias en el sector Brisas del Hipódromo en Valencia, Carabobo, arremetieron contra los periodistas Lisoleth García (Venevisión); Ruth Lara Castillo (Televen); Tibisay Romero (El Nacional); Kristian Rodríguez (TV Venezuela); Ketherine Ledo (Notitarde); los reporteros gráficos Carlos Bermúdez (Venevisión), René Arteaga (Televen), Robert Mogollón (Notitarde) y Rafael Freites (El Carabobeño). Igualmente fueron agredidos Carlos Sulbarán, asistente de Venevisión, Angel Yamarte, chofer de El Carabobeño y el conductor de vehículo de Notitarde.
Al percatarse de la presencia de los periodistas, los uniformados dispararon perdigones contra ellos, destrozaron la cámara de televisión de Carlos Bermúdez, a quien detuvieron. Lisoleth García, quien vino en su apoyo, fue vejada con gritos e insultos, incluso hacia su condición de mujer. Katherine Ledo fue retenida y llevada a un punto de control de la GNB. Vehículos y pertenencias personales de los periodistas fueron requisadas exhaustivamente. Rafael Freites fue retenido y llevado a un punto de control. Varios fueron amenazados con imputarlos por resistencia a la autoridad. En general, sino hubo otras consecuencias fue porque los vecinos dieron amparo en sus viviendas a los trabajadores de los medios.
A este respecto, Expresión Libre apuntó que el silencio que guardan los poderes e instituciones del Estado ante tantos atropellos se convierte en una licencia, una autorización tácita para que los uniformados y efectivos de cuerpos de seguridad sigan tratando a los periodistas no como profesionales ni seres con derechos humanos, sino como enemigos en un campo de batalla.
La violación a la libertad de expresión por estas agresiones no quedó allí, sino que además Notitarde censuró la nota sobre hostigamiento y detención contra su equipo reporteril en ese hecho.
Notitarde, que fue vendido en el mes de enero, censuró la nota informativa redactada por su periodista Ketherine Ledo, sobre el hostigamiento y la detención de la que fue víctima el equipo reporteril de ese medio regional, además de otros colegas, durante la cobertura de procedimiento de la Guardia Nacional en un denominado “Operativo para la Liberación del Pueblo”.
En lugar de publicar la información sobre la agresión a su reportera, el diario Notitarde tituló este miércoles 19 de agosto que la OLP es “acertada y precisa” y que las acciones policiales “han sido adecuadas”.
25 de agosto
Una vez más, los reporteros que cubren la fuente de sucesos fueron impedidos de realizar su labor profesional por funcionarios de la medicatura forense adscritos al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Los reporteros fueron retirados de las inmediaciones de la morgue de Bello Monte, uno de los pocos sitios donde pueden obtener información de los familiares de las víctimas de la violencia que sacude al país. Supuestamente, la orden fue dada por la directora del Senamecf, quien encargó de su cumplimiento al CICPC. .
27 agosto
Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro agredieron a los reporteros Miguel Ángel Morales y Alejandro Lazo, del Diario El Regional que realizaban la cobertura de una situación de secuestro en una farmacia de Acarigua, Estado Portuguesa. Estos comunicadores fueron golpeados y despojados de sus equipos por un funcionario de la policía estadal. Reporteros de Universal Televisión también habrían sido agredidos por el Sebin.