Un grupo de militares se plantaba como un muro que impedía a colombianos y venezolanos cruzar este miércoles la frontera binacional en Paraguachón, tras el cierre de ese paso ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro.
AFP
“Estoy perdiendo mi trabajo. Si esto dura un mes, durante ese tiempo no voy a poder trabajar”, dijo preocupada a la AFP Loraima Quintero, una venezolana de 40 años que trabaja en la localidad colombiana de Maicao, a unos 11 km del paso fronterizo.
Quintero, empleada de una “cooperativa binacional de transporte de combustible” desde hace 10 años, es una wayúu, etnia indígena de unos cinco millones de personas que vive entre ambas naciones y a la que funcionarios venezolanos dicen reconocer el derecho “histórico” a transitar libremente en la zona.
Pero pese a esa garantía, a media tarde de este miércoles, cuando los guardias les dijeron que harían una lista de quienes podían pasar, un grupo de wayúu ya contaba más de nueve horas de espera frente a la línea limítrofe, bajo una temperatura de unos 40 grados centígrados.
Las cercanías del puesto fronterizo de Paraguachón se hallaban prácticamente desoladas,en contraste con los tradicionales tumultos de personas que venden gasolina en envases plásticos con precios que superan hasta 600 veces el costo subsidiado de ese combustible en Venezuela.
Hasta la tarde de este miércoles no se percibía el despliegue de los 3.000 militares que anunció el presidente venezolano el pasado lunes, cuando ordenó el cierre fronterizo. Sólo estaban instalados unos puestos del Ejército venezolano a lo largo de la carretera.
Tampoco se permitía el paso por la aduana de Paraguachón, adonde arribó una comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que se reunió con oficiales venezolanos al mando del destacamento fronterizo.