Todo esto ha sido posible porque ha surgido una consciencia ciudadana que aspira a una sociedad y una democracia más justa, en donde la impunidad no sea la norma y la justicia la excepción. En América Latina ha surgido un nuevo ciudadano que exige derechos y deberes a los políticos y los gobiernos. Un ciudadano que asqueados de las mentiras de los políticos y de la corrupción, aspiran que los gobiernos sean los promotores del desarrollo y el bienestar social y no el crecimientos de las cuentas personales y el despilfarro populista que termina convirtiéndose en sacrificio social como los vemos en la Venezuela caótica de Maduro y los bolivarianos del continente.
Guatemala es un ejemplo de la fuerza de la protesta organizada del ciudadano que jamás trancó una calle, hizo una guarimba o confronto con la fuerza pública, sino al contrario, fue la fuerza de la concientización ciudadana que permitió el crecimiento de la protesta cada sábado de la semana durante los últimos cuatro meses aunado a la dinamita de las redes sociales, una Fiscalía Internacional que tuvo el valor de destapar la trama criminal montada desde el gobierno y un Poder Legislativo o Congreso que levanto la inmunidad del Presidente y facilito su renuncia. Un ejemplo que Guatemala da al mundo y que pudiera seguirle Honduras cuya estructura y gobierno están minados igualmente por las mafias y la corrupción gubernamental que tiene a pueblo hondureño indignado y en protesta permanente que seguramente, se sentirán estimulados con el éxito alcanzado por la ciudadanía guatemalteca.
Ojala que las elecciones del 6D en Venezuela inicien el proceso del nacimiento de un nuevo sistema político democrático que moralice la podredumbre que nos dejara el Socialismo del Siglo XXI. Que la justicia vuelva a reinar y que la corrupción sea la excepción y no la norma de conducta política y gubernamental, para ello, será indispensable pensar en la posibilidad de solicitar igualmente a las Naciones Unidas que auxilie nuestra Fiscalía con una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Venezuela, que permita adecentar la política y las estructuras del estado que nos deja la revolución bolivariana.