El próximo 19 de septiembre se cumple un mes del inicio de la crisis fronteriza. Un tiempo en el que cerca de 2.000 colombianos han sido deportados desde Venezuela y unos 18.000 han regresado de manera voluntaria, publica Semana.com
Las imágenes nunca han dejado de ser estremecedoras y dramáticas. Miles de familias han pasado por trochas intentando salvar algunas pertenencias y que llegaron a Cúcuta, Villa del Rosario (Norte de Santander), Maicao (La Guajira) o Arauca en busca de un refugio.
Ante esa situación, el Gobierno ha volcado sus esfuerzos para atender la tragedia humanitaria. Lo más importante y prioritario fue que las autoridades locales y departamentales adecuaran albergues para atender a los damnificados, así como darles una alimentación mientras se lograba enviar a cada deportado a su lugar de origen con una vivienda o un subsidio.
Los esfuerzos no son pocos. Sin embargo, una denuncia de la Contraloría cuestiona si las medidas tomadas por el gobierno nacional han cumplido con todos los protocolos de calidad.
Después de realizar una visita a los afectados, el ente de control aseguró que ciudadanos colombianos deportados que han sido alojados en dos albergues y en un hotel en Cúcuta no están satisfechos con la alimentación que han recibido por parte de los contratistas que asignó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con la información recopilada por la Contraloría, los afectados están inconformes con la calidad, el estado de algunos alimentos, la distribución de las porciones y los horarios de suministro. Sin embargo, el ente de control no entra en detalles sobre esta denuncia.
“Las denuncias recibidas por la comisión de la Contraloría serán evaluadas y puestas en conocimiento de las entidades competentes”, manifestó el organismo.
En la visita a la frontera, el ente aprovechó para hacer un llamado a los deportados y ciudadanos de esta región para que conformen veedurías ciudadanas y vigilen la inversión correcta de los recursos y la adecuada gestión de las entidades del Estado.
Incluso, según la gerencia departamental de la Contraloría en Norte de Santander, este mismo jueves se tramitará la conformación de las dos primeras veedurías.
Queda esperar que la Contraloría amplíe la información sobre las denuncias de los expulsados y que eso sirva para mejorar la forma como se atiende la crisis. Si bien es claro que el trabajo de las distintas entidades estatales no ha sido fácil y que se ha intentado hacer lo mejor posible para aliviar las consecuencias del cierre de la frontera y de las deportaciones masivas, siempre habrá cosas que se pueden mejorar.