El líder opositor Leopoldo López pidió a la comunidad internacional que apoye al pueblo venezolano ante los “abusos” del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, en una carta escrita desde la cárcel que publica hoy el periódico The New York Times.
“Necesitamos que la comunidad internacional pugne por nuestros derechos democráticos ante los abusos del Gobierno, condenando la represión y promoviendo la solidaridad en los asuntos de derechos humanos en la región”, dijo López desde la prisión de Ramo Verde, coincidiendo con la visita de Maduro a la sede de Naciones Unidas en Nueva York con motivo del 70 periodo de sesiones del organismo.
El dirigente opositor, que aseguró que “incluso desde la cárcel seguirá luchando por una Venezuela libre”, pidió presionar a Maduro para que permita una supervisión internacional en las elecciones parlamentarias de diciembre para que sean “limpias” y “libres”.
“La independencia e imparcialidad de los observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea se necesita ahora más que nunca para asegurar que nuestra oportunidad de cambio no está comprometida”, subrayó en la misma misiva.
López advirtió también que para que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática pueda ganar los comicios de diciembre hará falta el apoyo y la unidad de “todos los miembros de la sociedad que quieran un cambio”.
“Para que Venezuela se mueva hacia adelante necesitamos antes que nada cambiar el sistema con la remoción democrática del partido que nos gobierna”, dijo López, quien pidió apoyo y unidad “frente a un gobierno que quiere aplastar nuestras aspiraciones”.
El opositor insistió en su carta en que una elección “no puede ser libre ni justa” cuando los que piensan diferente “no pueden postularse o están tras las rejas” y pidió al Gobierno que deje de descalificar y ponga en libertad a los 76 prisioneros políticos.
Finalmente, denunció que el pasado 10 de septiembre fue condenado con “argumentos absurdos” por una jueza a la que llamó una “simple marioneta” del Gobierno e insistió en que nunca se ha arrepentido de haberse entregado en 2014 porque su causa es “justa”.
El líder opositor fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio atribuidos al dirigente por los hechos violentos al final de una marcha convocada, entre otros por él, el 12 de febrero de 2014, reseñó Efe.
Artículo completo:
PRISIÓN DE RAMO VERDE, VENEZUELA – El 12 de febrero de 2014, la elite inepta y represiva que gobierna Venezuela ordenó mi arresto por conspiración, incendio, incitación a la violencia, daño a la propiedad pública y otros crímenes. Más tarde, esa misma semana, después de dos sorpresivas visitas del presidente de la Asamblea Nacional a la casa de mi familia, me sugirieron que buscara refugio en una embajada extranjera.
En cambio, decidí entregarme el 18 de febrero de 2014, para afrontar el juicio que el régimen había planeado. Tomé esa decisión plenamente consciente de los riesgos que enfrentaba y de las posibles consecuencias de un proceso motivado políticamente, con un Poder Judicial comprometido. Por eso, cuando el 10 de septiembre de 2015 la jueza Susana Barreiros -una simple marioneta de esos gobernantes que buscan defender sus riquezas y privilegios- me sentenció a más de 13 años de prisión, no tenía ningún arrepentimiento por la decisión que había tomado. Fui condenado con el absurdo argumento de que usé “mensajes subliminales” en mis discursos sobre la no violencia para inspirar violencia durante las protestas de febrero de 2014.
Ahora estoy en confinamiento solitario en una celda de 7 x 10 pies (2 x 3 metros) que no tiene más de una cama, un inodoro y una pequeña repisa para mi escaso cambio de ropa. No tengo permitido escribir, y el único libre que me dejan tener es la Biblia. Ni siquiera tengo una lámpara o una vela cuando oscurece. Si bien todo esto ha sido muy duro para mi familia, ellos entienden que las grandes causas requieren grandes sacrificios.
Estoy convencido de que nuestra causa es justa: la liberación del pueblo de las dolorosas consecuencias de un sistema de gobierno que ha fracasado económica, social y políticamente. Nuestra economía es la de peor rendimiento en la región: el PIB caerá un 7% en 2015 según las previsiones, y sufrimos la inflación más alta de mundo. Esta inflación nos ha llevado una devastadora escasez de bienes esenciales y ha destruido la producción doméstica, incluida la industria petrolera. La desesperación creada por estas condiciones, en conjunto con las difundidas fallas de las fuerzas del orden, ha hecho de nosotros uno de los países más violentos del mundo, con cerca de 25 mil asesinatos en 2014 solamente.
Lo que es peor, hemos perdido nuestra democracia. El Gobierno persigue a quienes piensan diferente y usa la represión para mantenerse en el poder. El juicio en mi contra fue pensado para enviar el mensaje a todos los venezolanos que pelean por un país mejor de que, a menos que desistan y cedan ante el régimen, serán los próximos. Nuestro Gobierno quiere aplastar nuestras aspiraciones y hacernos creer que esta lucha no tiene esperanzas. Quiere que nos rindamos. Pero no podemos darnos el lujo de rendirnos, porque el que se cansa pierde.
Estamos trabajando para una Venezuela en la que los derechos sean garantizados para todos, incluso el derecho a vivir dignamente. Queremos cambios regulares en el poder a través de elecciones limpias y libres, para que los venezolanos puedan coexistir pacíficamente sin importar su ideología.
>En la economía, queremos un modelo que permita a todos beneficiarse del crecimiento -especialmente aquellos que tienen menos. Queremos promover las industrias locales y alentar la inversión privada para incrementar la producción y generar empleo. Queremos incrementar la producción de petróleo y usar los ingresos para diversificar nuestra economía, en lugar de usarlos para comprar votos. Y queremos proveer la educación de calidad necesaria para que todos los venezolanos prosperen.
Nuestros planes son ambiciosos, pero tienen el apoyo de millones. Para que Venezuela se mueva hacia adelante necesitamos antes que nada cambiar el sistema removiendo democráticamente al partido que nos gobierna. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre presentan una oportunidad. Pero para triunfar en los comicios tenemos que unirnos. Una alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática, ya se ha formado, pero necesitamos expandirla a todos los miembros de la sociedad que quieran un cambio
No podemos hacer esto solos. Les agradezco sinceramente a todos aquellos alrededor del mundo que nos han defendido. Ese apoyo nos da fe, pero esos esfuerzos no pueden terminarse hoy. Necesitamos que la comunidad internacional pugne por nuestros derechos democráticos ante los abusos del Gobierno de Venezuela, condenando la represión y promoviendo la solidaridad en los asuntos de derechos humanos en la región. Necesitamos que las Naciones Unidas incorporen estos temas en la agenda del Consejo de Derechos Humanos. Y necesitamos que la Organización de Estados Americanos invoque su carta democrática para discutir nuestra situación urgente.
Hay que ejercer presión sobre el Gobierno para que permita que haya observadores de la OEA y de la Unión Europea en las elecciones de diciembre, algo que no ocurre desde 2006. Su independencia e imparcialidad se necesita ahora más que nunca para asegurar que nuestra oportunidad de cambio no está comprometida.
Finalmente, el Gobierno de Venezuela tiene que terminar con la infundada descalificación de los líderes opositores para las próximas elecciones. Los diez a los que les prohibió postularse, incluidos los diez ex gobernadores Manuel Rosales y Pablo Pérez, los líderes opositores María Corina Machado y Carlos Vecchio, y yo mismo. El régimen debería liberar a los 76 prisioneros políticos, incluidos los que están bajo arresto domiciliario, como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el ilegalmente destituido alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
Una elección no puede ser libre ni justa cuando a aquellos que piensan diferente no se les permite postularse o están tras las rejas.
Original en inglés
RAMO VERDE PRISON, Venezuela — ON Feb. 12, 2014, the repressive and inept elite that governs Venezuela ordered my arrest on charges of conspiracy, arson, inciting violence, damage to public property and other crimes. Later that week, after two surprise visits from the president of the National Assembly to my family’s home, it was suggested to me that I should seek refuge in a foreign embassy.
I decided instead to turn myself in on Feb. 18, 2014, and confront the trial the regime had planned. I made this decision fully aware of the risks I was facing and the possible consequences of a politically motivated trial with a compromised judiciary. So when, on Sept. 10, 2015, Judge Susana Barreiros — a mere puppet of those rulers intent on defending their wealth and privilege — sentenced me to more than 13 years in prison, I had no regrets about the decision I had made. I was convicted on the absurd basis that I used “subliminal messages” in my speeches about nonviolence to inspire violence during the February 2014 protests.
I am now in solitary confinement in a 7-by-10-foot cell that has nothing more than a single bed, a toilet and a small shelf for my few changes of clothes. I am not allowed writing materials, and the only book permitted is the Bible. I don’t even have a light or candle for when it gets dark outside. While this has all been hard for my family, they understand that great causes require great sacrifices.
I am convinced of the justice of our cause: the liberation of a people from the painful consequences of a system of government that has failed economically, socially and politically. Our economy is the worst-performing in the region: Gross domestic product is forecast to fall by 7 percent in 2015, and we suffer from the highest inflation in the world. This inflation has led to a devastating scarcity of basic staples and has destroyed domestic production, the oil industry included. The desperation these conditions have created, paired with widespread failures of law enforcement, has made ours one of the most violent countries in the world, with nearly 25,000 murders in 2014 alone.
What’s more, we have lost our democracy. The government targets those who disagree and uses repression to stay in power. The judgment against me is intended to send a message to all Venezuelans who strive for a better country that, unless they desist and concede to the regime, they will be next. Our government wants to crush our aspirations and make us believe that this fight is hopeless. They want us to surrender. But we cannot afford to surrender, for he who tires, loses.
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We are working toward a Venezuela where rights are guaranteed for all, including the right to a life with dignity. We want regular changes in power through free and fair elections, so that all Venezuelans can respectfully coexist, regardless of ideology.
For the economy, we want a model that allows everyone to benefit from growth — especially those who have less. We want to promote local industries and encourage private investment to increase production and provide employment. We want to increase oil production and use the revenue to diversify our economy, rather than buy votes. And we want to provide the high-quality education necessary for all Venezuelans to prosper.
Our plans are ambitious, but they have the support of millions. For Venezuela to move forward, we must first change the system by democratically removing the corrupt ruling party that governs us. The parliamentary elections set for Dec. 6 present this opportunity. But to succeed in the polls, we must unite. An opposition alliance, the Democratic Unity Roundtable, has already formed, but we want to expand this unity to all members of society who desire change.
We cannot do this alone. Those around the world who have spoken out on our behalf I thank sincerely. That support gives us faith, but these efforts must not end today. We need the international community to lobby for our democratic rights by raising abuses directly with the Venezuelan government, condemning repression and promoting solidarity on human rights issues in the region. We need the United Nations to make these matters an agenda item for the Human Rights Council. And we want the Organization of American States to invoke its democratic charter to discuss our dire situation.
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For the December elections, pressure must be applied on the government to allow electoral observers from the O.A.S. and the European Union, which has not occurred since 2006. Their independence and impartiality are needed now more than ever to ensure that our opportunity for change is not compromised.
Finally, the government of Venezuela must end its baseless disqualifications of opposition leaders from the coming election. The ten who are banned from running include the former state governors Manuel Rosales and Pablo Pérez, the opposition leaders María Corina Machado and Carlos Vecchio, and myself. The regime should also release all 76 of its political prisoners, including those under house arrest, like the mayor of Caracas, Antonio Ledezma, and the illegally ousted mayor of San Cristóbal, Daniel Ceballos.
An election cannot be free or fair when those who think differently are barred from running or are even behind bars.
Leopoldo López is the former mayor of the Chacao district of Caracas and the leader of the Popular Will opposition party.
A version of this op-ed appears in print on September 25, 2015, on page A35 of the New York edition with the headline: Even in Jail, I Will Fight for a Free Venezuela. Today’s Paper|Subscribe