Confusas y hasta contradictorias han resultado las declaraciones de los más altos funcionarios del Gobierno sobre los alcances del acuerdo con las Farc, en La Habana, en el apartado de Justicia. Un ejemplo: que el nuevo tribunal de paz podrá juzgar a los expresidentes, que no, que sí, pero depende… Qué galimatías y qué falta de unidad de mensaje en el Gobierno.
Por Mauricio Vargas | El Tiempo
No hay manera de tener claridad: nada que los colombianos conocemos el contenido textual íntegro de los 75 puntos pactados, lo que nos obliga –como lo advertí en mi pasada columna– a opinar con base en el comunicado conjunto Gobierno-Farc y en resúmenes divulgados por la oficina del Alto Comisionado de Paz.
Olvida el Presidente que las mafias del narcotráfico siguen ahí, en las bandas criminales que quedaron tras el fin de los grupos paramilitares. Y también en aquellas que desde ya se mueven en Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo, entre otras zonas donde los frentes más narcos de las Farc quizás le digan adiós a la guerra de guerrillas, pero seguirán con renovados bríos gracias al fin de la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, en el sangriento negocio de la cocaína.
A esto se suma una reciente decisión de la Corte Suprema que avala que el narcotráfico cometido por guerrilleros sea considerado conexo al de rebelión y, en consecuencia, sea objeto de indulto o amnistía. Desde ya es fácil imaginar que muchos narcos puros estarán listos a pagar a mandos medios de las Farc desmovilizados, para que declaren que esos narcos trabajaban para la guerrilla y así limpiarles el prontuario.
En 1990, en el indulto a exguerrilleros del M-19 y el Epl, simples secuestradores y asaltantes de bancos buscaron avales de los excomandantes para que los incluyeran en el indulto. Y en tiempos de la ley de Justicia y Paz, muchos narcos puros se colaron entre los jefes paramilitares para beneficiarse de bajas condenas.
Por eso resulta un gravísimo error que el Gobierno anticipe que va a presentar, como lo anunció el ministro de Justicia, Yesid Reyes, un proyecto de ley al Congreso para atajar las posibilidades de extradición por narcotráfico de guerrilleros de las Farc desmovilizados tras el acuerdo de La Habana. Una ley en esa dirección, afirmó el Ministro, obligaría no solo a este sino a futuros gobiernos a no extraditar a los exguerrilleros.
¿Para qué tirar esa llave al mar? ¿Y si alguno de esos exguerrilleros deja las armas farianas, pero sigue en el narcotráfico, también estará blindado contra la extradición? ¿Crea eso una patente de corso para que lo hagan sin temerle a lo que aterra a todos los narcos, que no es otra cosa que terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos?
El presidente Santos y sus colaboradores deben frenar el festival de declaraciones eufóricas y grandilocuentes tras la firma del apartado de Justicia. Primero, porque, aunque es un avance muy importante –más allá de las muchas dudas que suscita–, todavía hace falta negociar otros puntos como el proceso efectivo de desmovilización de las Farc y su desarme. Y, segundo, porque más que blindar a los comandantes guerrilleros contra riesgos como la extradición, la responsabilidad del Gobierno es blindar a la sociedad contra eventuales engaños. No olvidemos que en aquello de hacer trampa las Farc tienen doctorado.
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Mauricio Vargas es escritor y periodista colombiano. Se inició en El Heraldo de Barranquilla y ha sido director de las revistas Semana y Cambio, del noticiero CM& y colaborador de Radio Francia Internacional.