Vente Venezuela: Designación apresurada de magistrados ratifica ilegitimidad del Poder Judicial

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Vente Venezuela repudió este miércoles la instalación de la primera reunión del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) para designar cinco magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto, a juicio del movimiento político liderado por María Corina Machado, es la ratificación de la ilegitimidad del Poder Judicial venezolano, presidido por el máximo tribunal.





Nota de prensa

“El partido oficialista quiere realizar nuevos nombramientos para asegurarse el control de la instancia judicial y limitar las funciones de la nueva AN, que se instalará el 5 de enero de 2016 y en la cual será inminente una mayoría opositora. Frente a ello, solo nos queda levantar nuestra máxima voz de alarma ante la ilegitimidad del Poder Judicial, el cual responde exclusivamente a los dictados del Poder Ejecutivo”, explicó Tomás Arias, del área legal de Vente Venezuela.

El abogado explicó que la Constitución de 1999 incluyó la creación de los Comités de Postulaciones, para que la sociedad civil fuese la que seleccionase por mérito –y no por inclinación partidista- a los titulares de los cargos del Poder Público no electos mediante sufragio universal. Pero, como lo refirió el mismo Arias, “en la práctica es el partido de gobierno el que ha hecho los nombramientos, sin siquiera respetar las mayorías calificadas previstas para realizarlos”.

Cronología del abuso

Tomás Arias enumeró “las tretas” que el régimen ha hecho para imponer a sus magistrados del TSJ. El primer evento fue en diciembre de 1999, cuando la propia Asamblea Nacional Constituyente, incluso después de haber cesado en funciones, nombró directamente a los magistrados.

Luego, en diciembre de 2000, la AN dictó la Ley de Ratificaciones y Designaciones, que Arias calificó de inconstitucional. Ese instrumento legal ratificó la mayoría de los magistrados designados inicialmente por la Constituyente y apartó a aquellos que no seguían la línea oficial.

En 2004, mediante la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se aumentó el número de magistrados: de 20 a 32. El oficialismo tuvo la ocasión de nombrar un total de 17, para ejercer un control aún mayor.

Más recientemente, en 2012, la propia Sala Constitucional destituyó, sin participación de la AN, a ocho magistrados, cuyos períodos estaban por vencerse y cuya actuación resultaba incómoda al oficialismo. Y en 2014, el parlamento nacional nombró a 13 magistrados principales y tres suplentes.

Ahora se suma la designación, antes del cierre de 2015, de cinco nuevos magistrados; evidenciándose, una vez más, “el carácter sumiso y dependiente de los Poderes Públicos en Venezuela”, según expresó el abogado de Vente Venezuela, quien finalizó diciendo que “no habrá justicia en Venezuela hasta que la rama judicial sea verdaderamente autónoma e independiente”.