Diputado Mata: Gobierno ineficiente somete a Anzoátegui a una oscuridad criminal

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El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui, Luís Edgardo Mata, denunció que el “Gobierno ineficiente somete al estado Anzoátegui a una oscuridad criminal con los constantes apagones y racionamiento eléctrico”. El parlamentario aseveró que el estado oriental es la tercera entidad más afectada por la crisis eléctrica que atraviesa el país y que diariamente ocurren más de 70 apagones, estadísticas respaldadas por sindicatos del sector energético.





Nota de prensa

Mata apuntó que existen sectores de la entidad, sobre todo los más humildes, que sufren hasta cuatro apagones por día, sin contar con la aplicación del denominado Plan de Administración de Carga que aplica el Gobierno a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en el estado.

“Un socialismo que pone a sufrir al más pobre, que los deja sin luz y con la preocupación de que los electrodomésticos que adquieren con sacrificios se les dañen por la inestabilidad del sistema eléctrico no merece seguir gobernando ¿Quién le responde a la comunidad por los daños? ¿Quién asume la responsabilidad ante tanta incompetencia?” cuestionó.

Agregó que no solo la vida cotidiana y la calidad de vida de los anzoatiguenses se ve mermada sino que tampoco se puede generar producción y actividad comercial que impulse el crecimiento económico de la entidad si a diario la energía eléctrica falla hasta más de cuatro veces. “Cómo le dices a un empresario, que paga sus impuestos y necesita producir, que se debe calar que en Anzoátegui se vaya la luz ¿Cómo sale adelante un país sometido por el Gobierno a la falta de servicios públicos básicos?”.

El diputado y candidato independiente por el circuito tres de esa entidad, señaló que desde el próximo 6 de diciembre en la Asamblea Nacional, una mayoría de diputados demócratas y al servicio verdadero de la ciudadanía, aprobarán leyes la contraloría a los recursos asignados para servicios básicos e infraestructura y se solicitará la interpelación de funcionarios gubernamentales encargados de recibir recursos para instituciones, obras y mantenimiento.