Vicente Brito, presidente Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución manifestó que al evaluar las distintas decisiones y acciones tomadas por el gobierno contra los empresarios privados, se puede determinar que allí están las causas de los males que aquejan a la familia Venezolana, sobre todo por los altos niveles de inflación y las elevadas fallas en los productos esenciales que consumimos los venezolanos.
La estrategia implementada por el gobierno de intervención, regulación y control de los medios de producción y de buena parte de la actividad económica privada, es la razón principal, creando para ello excesiva permisologia y trámites burocráticos, que ocasionan sanciones de multas y cierres a empresas así como prisión a empresarios, al acusarlos de especuladores y acaparadores en muchos casos sin evidencias justificadas, lo cual ha conllevado a la mayor minimización de la actividad privada tanto productiva como comercial en los últimos 100 años (desde el inicio de la actividad petrolera), logrando con ello la desaparición de muchas empresas sobre todo de los sectores productivos (agropecuarias, industrias, construcción y agroindustrias).
Voceros de los gremios empresariales conexos a estas actividades estiman que el total de empresas de los sectores productivos afectadas oscilan entre un 25% y 50% de las que existían en 1998. En los sectores del comercio y los servicios han resultado desmejoradas buena parte de ellas, sobretodo pequeñas y medianas y las que se han sostenido presentan reducciones significativas de inventarios y ventas, teniendo que enfrentar una descapitalización creciente al tener que comprar los nuevos pedidos de productos o mercancías que comercializan con precios de adquisición mayores del que vendieron. Se estima que en el 2015, los valores de adquisición han aumentado entre 3 y 5 veces, sobre todo en las que tienen componentes importados.
Ante la reducción “no esperada de los precios del petróleo por los actores económicos del gobierno”, el país se ha visto obligado a reducir sustancialmente las importaciones, al no disponer de las cantidades necesarias de dólares para sostener la demanda de elementos importados necesarios para cubrir las necesidades de consumo y sustituir la merma en la producción nacional. Complicando aún más los males que nos aquejan en costo de vida y abastecimiento, al disminuir en un 50% o más la capacidad de importar y sostener los niveles que permitían cubrir la caída creciente del aparato productivo nacional en los últimos 8 años.
Preocupa la situación de las empresas privadas que tenían sus líneas de créditos con sus proveedores internacionales y que eran una alternativa adicional para sostener sus importaciones, hoy se encuentran endeudadas sin poder obtener el suministro importado de materia prima o productos. Nuestra industria es una de las más afectadas y muchas de estas se encuentran a capacidades de producción muy bajas (Alrededor de un 40%), se estima que las deudas no canceladas a los acreedores internacionales supera los 10.000 millones de dólares. Es el resultado de imponer una política cambiaria de un dólar controlado para sostener niveles de precios que solo estimularon el contrabando de extracción y la reventa en la economía informal.
Si evaluamos el comportamiento de las empresas y tierras privadas tomadas por el gobierno, su situación es mayormente dramática al tener niveles de producción con caídas hasta de un 80% de cuando eran privadas, esto preocupa ya que fueron dotadas de grandes recursos públicos en Bolívares y Dólares para su expansión. Algunas están paralizadas y en cuanto a otras, sus niveles de producción son bajos al compararlos con sus capacidades instaladas y las ampliaciones realizadas para producir más.
Consideramos que la mayor responsabilidad en nuestras limitaciones de consumo es causada por los niveles productivos de las empresas públicas, siendo el sector de alimentos (más del 50% de la capacidad de almacenaje y producción de alimentos instalada en el país son empresas públicas), lo observamos en todos los niveles desde productos de la pesca (con capacidad del 80% de la infraestructura existente en el país), café, harina de maíz precocida, arroz, leche, pollo, azúcar (la mayoría de los centrales azucareros son del gobierno), aceite vegetal, etc. Ellas siguen consumiendo mayores cantidades de recursos públicos sin observar mejoras sustanciales en su capacidad productiva, lo cual se observa en las inmensas cantidades de pagarés otorgados por el Banco Central a Pdvsa, utilizándose buena parte de estos recursos para el sostenimiento operativo y cubrir las pérdidas de este complejo productivo público.
A pesar de todas las limitaciones impuestas al sector privado, este sigue produciendo casi el 80% de lo que no se importa, así como comercializa y distribuye el 90% de lo que consumen los Venezolanos, sin ningún costo al presupuesto público.
Lamentablemente las políticas públicas que buscaron minimizar la actividad económica privada, nos han costado miles de millones de bolívares y dólares a los venezolanos y son las responsables de los males que nos aquejan en escasez y alto costo de vida.
Nota de prensa