Al menos 51 periodistas fueron asesinados en América Latina entre 2013 y 2014

 

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Menos de uno de cada diez casos de periodistas asesinados desde 2006 terminó en condena hasta finales de 2014, según un informe sobre tendencias en libertad de expresión presentado hoy en la Unesco en París. Mientras que solo en Amércia Latina fueron asesinado entre 2013 y 2014, EFE





En el texto se destaca la alarmante cifra de 87 periodistas asesinados el pasado año y, de acuerdo con el estudio, en 2014 solo 13 de los 59 países en los cuales se perpetraron asesinatos de periodistas respondieron a las peticiones formales de información sobre las medidas tomadas al respecto.

El número de informadoras asesinadas también ha aumentado y, además, éstas han continuado siendo objeto de acoso y ataques, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que celebró hoy el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

La secretaria general de la Unesco, Irina Bokova, consideró la impunidad de estos crímenes algo “venenoso para la sociedad”, durante un debate moderado en París por la veterana periodista de la CNN Christiane Amanpour.

Bokova citó varios casos de periodistas asesinados en los últimos meses como James Foley, ejecutado por el yihadista Estado Islámico (EI) en Siria en 2014, o los atentados contra el semanario satírico “Charlie Hebdo” en la capital francesa en enero.

“Debemos acabar con esa propaganda de odio que va en contra de los derechos de los periodistas”, afirmó.

En el coloquio se encontraba la madre de la periodista Ghislaine Dupont, de Radio France International, asesinada a tiros en Mali en 2013 -junto con el cámara Claude Verlon- por cuatro hombres armados que les habían secuestrado horas antes.

“Siempre tuve miedo de una bomba, de un obús, pero lo que pasó no fue normal (…) Cuatro hombres armados abatieron a mi hija y aún no sabemos ni las causas ni quiénes son sus asesinos realmente”, declaró la madre de Dupont, Marie-Solange Poinsot.

Lamentó que todavía no hayan obtenido respuesta, ante la petición de documentos clasificados al Ministerio de Defensa francés y a las autoridades malienses.

“Nos recibió muy cordialmente el presidente François Hollande, (…) pero lo cierto es que aún nos falta la información solicitada para saber la verdad”, agregó.

En el debate también estaba presente la ministra sueca de Cultura y Democracia, Alice Bah Kunhke, quien subrayó que su país, que colaboró en la financiación de este informe, está muy implicado en adoptar medidas para defender la libertad de expresión, la cual, a su juicio, debe ser “intocable”.

El estudio revela que 64 periodistas que trabajaban en televisión entre 2013 y 2014 fueron asesinados, al igual que 61 profesionales de prensa escrita, 50 de radio y 3 de medios digitales.

Conforme a criterios geográficos, en ese periodo de tiempo 64 informadores fueron ejecutados en el mundo árabe, 51 en América Latina, 30 en Asia y el Pacífico, 23 en África y 10 en Europa Central y del Este.

Una de las soluciones que se destacaron para defender la libertad de expresión, salvaguardar la seguridad de los periodistas y frenar la impunidad de los crímenes es que los gobiernos también tomen medidas y colaboren conjuntamente con las organizaciones y asociaciones, y que fomenten esto en la educación.

“Es muy fácil echar la culpa a las instituciones internacionales sobre muchos de los casos que desgraciadamente ocurren, hay que pedir la colaboración de los gobiernos de cada país que tienen mucha responsabilidad”, destacó la editora del semanario “Newsweek” para Oriente Medio, Janine Di Giovanni, también invitada al acto.

A pesar de los preocupantes datos recogidos, el informe concluye que “hay un creciente impulso mundial hacia el establecimiento de una cultura en la que se garantiza la seguridad de los periodistas y el fin de la impunidad”, lo que permite fomentar sociedades de conocimiento pacíficas.

A juicio de la Unesco, esto es esencial para alcanzar el Objetivo de Desarrollo en el que se exhorta a todos a garantizar el acceso público a la información y a proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.