La campaña electoral para las elecciones legislativas en Venezuela entra en su semana final con los ánimos crispados por la violencia política. No es un asunto menor lo que está en disputa. El chavismo enfrenta la inédita posibilidad de ceder el control de uno de los poderes públicos después de 17 años de hegemonía. Más de 19 millones de venezolanos podrán participar en una contienda trascendental como la que más en la historia contemporánea del país sudamericano, publica El País de España.
La oposición, representada en su gran mayoría por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llega con la opción real de controlar el Parlamento tras más de tres lustros de derrotas y errores políticos que permitieron tanto al fallecido Hugo Chávez como a su sucesor Nicolás Maduro consolidar un poder sin contrapesos. La mayoría de las encuestas más reputadas le otorgan en sus últimos estudios de campo a la oposición una ventaja de entre 20 y 30 puntos.
Nunca antes el gobierno había llegado a una contienda electoral con menos intención de voto que sus rivales. Acosado por la inflación, la crónica escasez y el colapso de un modelo económico que hostiga a la empresa privada y sustituye la producción de bienes y servicios por importaciones, el régimen tiene aún posibilidades de minimizar el impacto de una derrota. Es muy probable que esa diferencia no se vea reflejada en los resultados finales por cuatro razones: se trata de una elección en 87 circuitos elaborados a la medida de los intereses del chavismo por el Consejo Nacional Electoral (CNE); por la campaña de miedo iniciada por el gobierno para advertir a sus electores de la supuesta pérdida de las ayudas sociales –las llamadas misiones- con un Parlamento controlado por la oposición; por la debilidad de la maquinaria de la oposición, incapaz de garantizar la presencia de sus testigos en todo el país para evitar las supuestas trampas chavistas en el acto de sufragio; y el uso de los recursos del Estado puesto al servicio del partido de gobierno para acarrear votantes.
Todas estas denuncias opositoras no serán apreciadas por la comunidad internacional. El CNE ha negado la presencia de las misiones electorales de la OEA y la Unión Europea con el argumento de que éstas no pueden sustituir la supervisión los poderes autónomos locales. La autoridad electoral venezolana ha aceptado la presencia de un equipo de Unasur, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, y de otros exgobernantes como el español José Luis Rodríguez Zapatero y el panameño Martín Torrijos. Será en todo caso una presencia política simbólica y en modo alguno una evaluación sistémica del proceso.
El CNE, de mayoría oficialista, también ha obrado para minimizar la derrota de sus aliados. Han autorizado que se coloque al lado de la insignia de la MUD una tarjeta casi idéntica perteneciente al partido chavista MIN Unidad y no han permitido que los aspirantes opositores nominales se inscriban con sus apodos. Los votantes chavistas, en cambio, sí podrán identificar a sus candidatos por sus apodos. La dirigencia opositora se ha esforzado en las últimas semanas en recordarle a sus seguidores la ubicación exacta de su insignia porque temen perder muchos sufragios en esta confusión.
Los encuestadores y analistas especializados en temas electorales han calculado que para obtener la mayoría simple del Parlamento la oposición necesita sacar entre 7% y 13% más votos que su adversario. Que obtenga una mayoría calificada -111 diputados de 167 que integran el parlamento unicameral- parece una utopía en estas circunstancias tan desventajosas. La MUD se ha esforzado en mantener la diferencia las últimas horas porque son conscientes de que ya no sirven victorias morales. En 2010 obtuvieron el 52% de los votos, pero el gobierno colocó al 60% de sus aspirantes en la Asamblea Nacional.