Organizaciones y defensores de derechos humanos entregaron una comunicación a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para expresarles un conjunto de preocupaciones y exigencias en el marco de las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
El documento resalta la necesidad de que los electores tengan acceso a adecuados niveles de información para decidir de forma razonada y consciente. Para ello destaca como vital el contrapeso institucional a fin de reducir las arbitrariedades, frenar el uso indiscriminado de los recursos públicos, y permitir la cobertura periodística en las diversas fases del proceso para que la colectividad esté lo más informada posible.
Se recuerda que el deber del poder electoral es garantizar un balance igualitario en la difusión de propaganda partidista, regular el uso de los medios públicos por parte del gobierno; en particular lo relacionado con las transmisiones obligatorias conjuntas de radio y televisión (cadenas) y los mensajes obligatorios establecidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte-me).
En este sentido, se cuestiona el uso de mensajes obligatorios con contenido electoral que no se someten a los criterios de campaña, ya que se traducen de facto en propaganda electoral. Las organizaciones sostienen que la ley Resorte-me no puede ser utilizada para justificar la emisión extra de propaganda oficial disfrazada de mensaje público. Esto, al igual que la difusión de mensajes obligatorios con contenido electoral antes del 13 de noviembre, constituye delito que se traduce en ventajismo.
Cadenas indiscriminadas
En la misiva a los rectores también se denuncia el uso discrecional de las cadenas en Venezuela: entre enero y octubre de 2015, se realizaron 147 cadenas que suman 143 horas de transmisión obligatoria que impidieron a las personas acceder a diversas fuentes de información. Según un informe citado de Observación Electoral de la Unión Europea del año 2005, en las últimas dos semanas de campaña hubo cinco cadenas sin que existiese una amenaza expresa a la seguridad o una situación de emergencia que las justificase.
Hace diez años, el total de horas en cadena registrado fue de 105, en lo que va de 2015 se han contabilizado 143 horas, un incremento que para las distintas organizaciones justifica una preocupación ya existente, pues constituye un abuso de poder que debe ser sancionado por violar la libertad de expresión de las personas al impedir el acceso plural a la información.
De acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión, la carta reitera la obligación de los medios públicos en presentar información equilibrada, al mismo tiempo garantizar un acceso justo y no discriminatorio para que todos los candidatos transmitan sus mensajes directamente al público.
De la misma forma, se recuerda que la facultad de las autoridades de obligar a las transmisiones conjuntas de radio y televisión debe estar regulada, para proteger la difusión de información plural, sin imposición arbitraria de contenidos. Estos deben ser aquellos estrictamente necesarios para atender urgencias en materias de claro interés público y durante el tiempo requerido para difundir dicha información.
Las organizaciones advierten que la inacción del poder electoral ante las arbitrariedades ratifican estrategias torpes que evidencian un abuso de poder por parte del gobierno, actitud que subestima a los ciudadanos al asumir que se puede actuar en impunidad. A su vez expresan que “un silencio que se torna cómplice permite cuestionar el carácter independiente de una institución que no en vano cuenta con un rango de Poder Público, estatus que debe fundamentar un Estado garante de los derechos de todos sin excepción y en igualdad de condiciones”.
Por último, exigen al CNE:
-La regulación eficiente del uso de medios públicos, lo que implica la sanción por la difusión obligatoria de contenidos con propaganda oficialista, y velar por su ajuste al tiempo legal durante la campaña.
-Que sancione de manera expresa la difusión de propaganda electoral por parte de quienes lo hicieron fuera del periodo de campaña.
-Que exija y garantice la apertura de los medios públicos para la difusión de propaganda electoral de todos los sectores postulados a la elección y facilite el debate plural de los distintos candidatos al Parlamento.
-Que permita el acceso directo de la prensa a todos eventos del proceso electoral, incluyendo auditorías para difundir la mayor cantidad de información posible a la colectividad.
-Que exija y garantice límites en el uso de cadenas durante la campaña.
La carta contiene las siguientes firmas:
Antonio Pasquali, Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público (RTSP)
Carlos Delgado Flores, director del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Colegio Nacional de Periodistas
Espacio Público
Expresión Libre
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
Tiziana Polesel, directora de la Escuela de Comunicación Social Universidad Católica Andrés Bello-Caracas (Espacio Público)