En un documento entregado al Presidente Juan Manuel Santos en octubre, el Consejo Gremial Nacional (CGN), que representa a las principales asociaciones empresariales de Colombia, respalda el proceso de paz adelantado por el gobierno colombiano con las FARC, pero deja claro que se debe respetar “la propiedad privada, garantizando la seguridad jurídica de la misma”.
En un contexto en que muchos grupos con intereses económicos importantes han conseguido hacerse con tierras despojadas y abandonadas como resultado de serios abusos y violaciones de derechos humanos, otorgar seguridad jurídica a quienes ahora tienen su control podría, en muchos casos, reconocer jurídicamente lo que en realidad fue obra de un acto que ha afectado a miles de familias y comunidades.
El presidente Santos ha sugerido que se podrían limitar las investigaciones penales en contra de intereses empresariales: “Es una paz que busca crear un entorno de reconciliación, no de venganza” y añadió: “es una paz que no está diseñada para juzgar o perseguir a ningún colombiano ni a un ningún empresario, sino para facilitar su labor en el país”, esto en respuesta a la comunicación de la CGN.
El conflicto armado colombiano ha servido de manto que cubre y ha suministrado los medios necesarios para proteger, avanzar, y consolidar intereses económicos. Se han facilitado estrategias para silenciar la oposición de comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, sindicalistas, medioambientalistas u otros sectores a proyectos con grandes intereses económicos que benefician a una minoría, así como para generar el desplazamiento forzado de poblaciones en territorios de interés económico, sea por causa de la presencia de petróleo, carbón, oro u otros minerales, por su ubicación en zonas aptas para la construcción de megaproyectos de infraestructura, o para implementar proyectos agroindustriales.
Estas estrategias incluyen las violaciones y abusos a los derechos humanos, falsas acusaciones a poblaciones o individuos de ser parte de uno u otro lado del conflicto y la vulneración de la seguridad y protección de millones de colombianos y colombianas. Las violaciones y abusos de derechos humanos han servido en ocasiones como un subsidio a grandes intereses económicos.
Durante estos meses de negociaciones de paz, las víctimas y organizaciones de derechos humanos han insistido en los reclamos por reparaciones integrales, justicia y restitución de tierras y otros bienes despojados. Esto pareciera ser un peligro para los intereses económicos que se han beneficiado de las violaciones de derechos humanos, deliberada o indirectamente.
Es en este contexto que hay que entender la política de restitución de tierras. Desde 1980, se estima que más de 8 millones de hectáreas de tierras (campesinas, baldíos o de territorios colectivos), fueron despojadas o abandonadas como resultado del conflicto y las violaciones a los derechos humanos. En el 2011, el gobierno colombiano fue objeto de elogios por su aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Muchos componentes de esta ley son laudables, pero varios contenidos de la ley, junto con serias deficiencias y restricciones en su contenido, además de otras normas aprobadas y promovidas por el gobierno actual, de hecho garantizan que muchas de las tierras que han sido despojadas o abandonadas como resultado de violaciones y abusos a los derechos humanos, no se restituyan, o por lo menos no físicamente, de forma que los intereses económicos enquistados en ellas puedan seguir sus operaciones.
Se abren las puertas, para que los grandes intereses económicos puedan lograr la legalización de su posesión de los terrenos que ocupan.
Hasta ahora, la restitución de tierras es mínima, 173.000 hectáreas. Para las poblaciones indígenas y afrodescendientes, la situación es deplorable. El gobierno subraya que las Cortes han emitido unas 18 medidas cautelares para protegerlas, pero sólo se han dado dos órdenes de restitución. Muchas de estas comunidades indígenas y afrodescendientes han estado buscando la restitución de sus derechos territoriales en zonas donde el propio Estado ha registrado solicitudes mineras y otorgado títulos mineros o permisos a grandes empresas, en un contexto en que las comunidades afectadas están enfrentando amenazas y homicidios por guerrilleros, paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad.
Reiteradamente, las comunidades han denunciado que tales títulos se han otorgado sin un proceso real de consulta y de consentimiento previo, libre e informado. En el caso del resguardo indígena de Alto Andágueda en el Chocó, la población ha sufrido, desde la década del 2000, reiterados desplazamientos forzados provocados por la fuerza pública y la guerrilla, homicidios y amenazas, cuando el Estado empezó un proceso de otorgar licencias mineras y aceptar solicitudes mineras realizadas por empresa multinacionales. El Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, ordenó la restitución de los derechos territoriales de esta comunidad y suspendió solicitudes y títulos mineros otorgados sin un proceso adecuado; también insistió en que el Estado tome medidas para satisfacer las necesidades de vivienda y salud de la población.Pero esto último no se ha cumplido a cabalidad.
Mientras tanto, el conflicto persiste y entre marzo y abril de 2015, 600 indígenas se vieron obligados a huir de sus hogares por razón de combates entre grupos beligerantes. Los líderes indígenas insisten en que el proceso de restitución no avanzará de manera efectiva hasta que las autoridades comiencen a centrar la atención en el restablecimiento de sus derechos colectivos y territoriales.
El caso de la comunidad afro-descendiente de La Toma en el departamento de Cauca, resalta la gran falta de voluntad política para garantizar los derechos territoriales de comunidades Indígenas o afro-descendientes. Desde 2007 esta comunidad ha buscado el reconocimiento de su territorio colectivo. Ya a principios de los 2000, una vez consolidada la presencia paramilitar en la zona, el Estado ya había empezado a aceptar y tramitar solicitudes y otorgar licencias mineras. Ante los reclamos de la comunidad, una corte ordenó la suspensión de títulos mineros otorgados sin proceso de consulta previa, libre e informada, además de la suspensión de solicitudes mineras registradas. Esta decisión fue seguida por un aumento de la presencia de retroexcavadoras ejerciendo minería sin ningún permiso oficial.
En 2015 un Tribunal de Restitución de Tierras otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad pero el mismo tribunal determinó que al no contar con toda la información necesaria no podía tomar una decisión a favor de los derechos de tierra colectiva.
Ahora según informaciones recibidas existen presiones de sectores gubernamentales que determinan que en territorios objeto de trámites de licencias mineras no se podría permitir restitución en aquellas partes de los mismos que serían afectadas por un proyecto minero. Estas presiones reportadas se acercarían a lo expresado en un documento de la Unidad de Restitución de Tierras de septiembre de 2014 que deja claro que el proceso de restitución no debe significar la anulación de derechos mineros que se estarían tramitando en esas zonas, determina que en zonas donde se estén tramitando intereses mineros la necesidad es “generar espacios de diálogo” se supone para buscar el acuerdo de la comunidad pero en efecto para asegurar que no se anule el trámite del interés minero.
El proceso de garantizar los derechos territoriales de La Toma no parece haber avanzado más desde la reciente decisión del tribunal. Al reclamar sus derechos, líderes de La Toma han sido objeto de reiteradas amenazas paramilitares.
Estamos ante un proceso de restitución limitado, en particular, si fuese a afectar intereses económicos.
Tal como se ha señalado el gobierno de Colombia está promoviendo políticas que podrían dar seguridad jurídica a la tenencia de tierras que se consiguieron por medio de despojo o abandono violento. Pero también se están promoviendo otras políticas estatales que priorizan la investigación de los “máximos responsables” de graves abusos y violaciones a los derechos humanos y dejan claro que solo las personas con un papel activo, principalmente de mando, en una estructura delincuencial, de tipo armado, pueden considerarse como tal. De esta manera se corre un gran riesgo de que culpables de abusos o violaciones a los derechos humanos que hacen parte de sectores económicos o políticos no se investiguen.
El proceso de paz no debe ser visto como un proceso de “borrón y cuenta nueva”, donde a los sobrevivientes de abusos y violaciones de derechos humanos se les obligue a lo máximo aceptar una pequeña reparación financiera, mientras los intereses económicos puedan seguir sacando pleno beneficio de botines de guerra. Una paz auténtica y duradera no podrá ser alcanzada si no existe verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto.
Miembro del Equipo para Colombia de Amnistía Internacional
Peter Drury