El sudor le corría por la espalda, las manos le temblaban mientras sostenía el auricular del teléfono, su respiración estaba entrecortada. No podía hablar. Al otro lado de la línea una voz decía: ¿sabés dónde están tus hijos?” No entendía qué sucedía. ¡En las Américas decir que está mal que una niña violada esté embarazada, te vuelve blanco de la violencia!
Esto fue lo que sucedió a Elba Nuñez, una defensora de los derechos humanos en Paraguay, quien ha recibido llamadas amenazantes por solicitar un aborto para proteger la vida y la salud de una niña de 10 años que resultó embarazada como consecuencia de una violación en Paraguay. Así mismo, el caso ha implicado la vigilancia e interceptación de las comunicaciones para las activistas de CLADEM Paraguay, organización de la que hace parte Elba. Ni siquiera sus familias escapan a la intimidación: en el primer semestre de 2015 desconocidos les tomaron fotos a ella y a sus hijos, cuando se encontraban en un sitio público.
De este modo, mientras usted lee estas líneas una generación entera de niñas han dejado de jugar y ahora están muertas o cambian pañales de otros niños. Mujeres de todas las edades no pueden acceder a anticonceptivos, son violadas, mueren porque se les niegan abortos terapéuticos y tienen partos en condiciones paupérrimas. Cientos de personas con orientación sexual diversa son víctimas de asesinatos, golpizas y discriminación. Al mismo tiempo las personas que luchan contra todas estas injusticias son comparadas con criminales, son perseguidas, declaradas terroristas, amenazadas, intimidadas, e incluso asesinadas.
Este es el triste panorama en Latinoamérica y el Caribe, una región donde pedir educación sexual o un aborto para salvar la vida de una mujer, es un escándalo, pero donde es normal que niñas de hasta 10 años estén embarazadas, que las mujeres mueran por falta de abortos seguros o que haya adolescentes que no saben cómo pueden quedar embarazadas.
Sandra Peniche, médica que dirige una clínica de salud sexual y reproductiva en Yucatán (México), lo expresa con absoluta claridad: “quien lucha por los derechos es vista como un peligro”.
Desde el sur del continente, pasando por Centroamérica, y llegando a México y el Caribe, sigue siendo altamente agitador promover una visión de la sexualidad y la reproducción que supere lo biológico, y considere estos ámbitos como espacios para el ejercicio de derechos. Sigue siendo tabú pedir que acabe la violencia en la vida sexual y reproductiva de todas las personas.
En Uruguay, desde hace 15 años las defensoras de derechos sexuales y reproductivos son acompañadas por personal de seguridad de los sindicatos de trabajadores para protegerlas en todos los eventos públicos. Esto a pesar de que en 2012 se aprobó la ley que permite el aborto hasta las 12 semanas del embarazo en cualquier circunstancia. Pero la ley parece importar poco a los agresores, quienes continúan criminalizando con sus actos a las defensoras.
Las múltiples formas de violencia y discriminación que afrontan quienes promueven una visión de la sexualidad y la reproducción donde todas las personas puedan disfrutar del respeto de sus decisiones, resulta facilitada por los estados. Esto es así porque las autoridades en los diferentes países de la región no han reconocido de forma explícita y contundente la legitimidad e importancia de la labor de estas personas por la defensa y promoción de derechos humanos.
Así mismo, no existen medidas dirigidas a sancionar y erradicar los diversos ataques que sufren las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en 2015 miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, en El Salvador, se han enfrentado por segunda ocasión a una gran campaña que busca desprestigiarlas. ¿Por qué? Por decidir acompañar y representar legalmente a 17 mujeres de los contextos más pobres de su país que han sido condenadas a hasta 40 años de prisión acusadas de homicidio, por haber llegado sangrando a un hospital cuando estaban embarazadas o haber sido encontradas inconscientes en sus humildes residencias luego de haber tenido partos sin atención hospitalaria. Por defender mujeres indefensas, son llamadas “asesinas” y “terroristas”, incluso por funcionarios públicos, que no son investigados por esta conducta.
En el informe “¡Defensoras Bajo Ataque! Promoviendo los Derechos Sexuales y Reproductivos en las Américas”, Amnistía Internacional se refiere a la constante violencia afrontada por las personas que defienden el derecho de todas las personas, de usted o yo, a tomar decisiones sobre nuestra vida sexual y reproductiva. Este informe también se refiere al impacto que tienen los ataques sobre la vida de estas personas y de sus familias, y sobre la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y de los derechos humanos en general.
Lo que pedimos no es nuevo, pero tampoco imposible. Cada uno de los estados de las Américas tiene el deber de reconocer públicamente la legitimidad e importancia del trabajo de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Un trabajo que corresponde por principio a los estados, pero que estas personas continúan haciendo a pesar de los ataques, y que les permite dormir cada noche satisfechas con la convicción de que su trabajo por lograr el respeto, la protección y la garantía de los derechos de todas las personas a tomar decisiones libres, sin violencia ni discriminación sobre su sexualidad y reproducción, vale la pena.
Por Ariadna Tovar Ramírez
Investigadora sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas para Amnistía Internacional