El gobierno utiliza la Ley Orgánica del Trabajo como su bandera para convencer a los trabajadores de que defiende sus derechos, sin embargo su gestión como patrono justo deja mucho que desear, manifestaron fuentes del sector laboral. “Hay un millón de empleados públicos contratados y otros en cooperativas y empresas de producción social en condiciones de tercerización, la cual es prohibida por la Ley del Trabajo”, afirmó Pedro Arturo Moreno, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Fernando Barrientos, abogado laboral y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, mencionó el incumplimiento gubernamental de las contrataciones colectivas vigentes y la firma de nuevos contratos que desmejoran las condiciones de los trabajadores.
Los observadores del mundo del trabajo coinciden en que hay una duplicidad con la ley en lo que a prohibición de despidos se refiere y a los decretos presidenciales de inamovilidad laboral, que lleva 12 años y aumentará a 15 con el anuncio del presidente Nicolás Maduro de prorrogar la inamovilidad entre 2016 y 2019.
Pablo Castro, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, dijo que la prolongada inamovilidad no se ha traducido en más empleos. Señaló que “en una recesión económica que no para han cerrado total o temporalmente muchas fábricas debido a la falta de materias primas y a la ceguera del gobierno de no querer dar divisas a las empresas para que puedan producir”. Indicó que la inamovilidad no se aplica en el sector público, donde miles de trabajadores han sido despedidos por pensar diferente.
No obstante, Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, respaldó la prórroga de la inamovilidad y aseveró que la central bolivariana no avalará reformas de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente desde mayo de 2012, si llegaran a ser discutidas en la nueva Asamblea Nacional.