El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), declarado hoy en rebeldía por no asistir a una audiencia judicial, calificó de arbitrario ese dictamen y consideró que se le acusa “ilegalmente” de la práctica de escuchas ilegales durante su Gobierno.
EFE
“Fui acusado ilegalmente, sin haber sido imputado y sin permitirme el derecho a la defensa. Al magistrado que le correspondía hoy corregir ese abuso legal en mi contra, arbitrariamente me declara en rebeldía”, sostuvo el exmandatario en un mensaje dirigido “al pueblo panameño”.
Martinelli fue citado el pasado 13 de noviembre a comparecer ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia este viernes, sin embargo su ausencia se daba por descontada dado que dice ser un “perseguido político” del actual Gobierno, por lo que salió del país en enero pasado sin que hasta ahora haya dado indicios de querer volver.
El expresidente puede ser imputado en esta cita judicial por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública en sus diferentes formas de peculado, que suman 21 años de cárcel.
De acuerdo con un escrito de acusación filtrado a la prensa, los delitos le son atribuidos por el magistrado fiscal del caso, Harry Díaz, quien este mismo viernes solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la detención preventiva del exmandatario.
“La audiencia celebrada hoy en la Corte Suprema de Justicia ha evidenciado una vez más que en Panamá, lamentablemente, no vivimos en un Estado de derecho. Muy por el contrario, vivimos un Estado salvaje; la democracia que tanto luto, dolor y sangre costó a los panameños, está siendo destruida”, aseguró Martinelli en su reacción.
También consideró que la presunción de inocencia y el debido proceso han sido obviados en su caso y que más bien “han sido convertidos en principios jurídicos aprendidos románticamente en las universidades”.
La defensa de Martinelli arguye que la acusación presentada por el magistrado fiscal es una afectación a los derechos del investigado, porque esta ha debido exponerse por primera vez en una audiencia de imputación, en la presencia del acusado.
A pesar de lo que considera una falta de garantías, “y a sabiendas de que las presiones del presidente (de Panamá), Juan Carlos Varela, impiden e impedirán que los procesos políticos” en su contra se resuelvan, Martinelli manifestó que agotará a través de sus abogados “todos los recursos legales” que le permitan las leyes panameñas y los convenios internacionales suscritos por el país.
Aseguró que “agotados los mismos”, se defenderá en organismos internacionales que protegen los derechos humanos.
En la audiencia celebrada hoy en la CSJ, órgano competente para juzgar a Martinelli por ser diputado del Parlamento Centroamericano, el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, dejó “suspendida” la acción penal hasta tanto el expresidente no se presente en el juzgado.
La defensa del exgobernante intentó que se declarase nulo el proceso alegando que este no había sido notificado en persona de la citación judicial, pero el juez desestimó el argumento y concluyó que el Sistema Penal Acusatorio, marco de la investigación, permite cualquier tipo de comunicación, incluida la telecomunicación.
El pleno del máximo tribunal, compuesto por nueve magistrados, debe decidir ahora si autoriza o rechaza la detención provisional del exmandatario para que comparezca por haber ordenado supuestamente la interceptación de las comunicaciones a más de 150 personas, entre periodistas, opositores y empresarios, explicó a Efe una fuente judicial.
Martinelli dijo hoy al canal local Telemetro que permanecerá en Estados Unidos, donde “sí se respeta la ley y la justicia”.
El ex jefe de Estado partió a ese país en enero de este año, cuando la CSJ le abrió la primera de seis investigaciones que suma hasta el momento por supuesta corrupción durante su administración.
Desde que Varela asumió el poder en julio de 2014, su equipo ha presentado al menos 200 denuncias por corrupción contra exfuncionarios del gobierno anterior, del que él fue vicepresidente y canciller.
En la actualidad se encuentran en prisión preventiva cuatro exministros y otros cinco tienen prohibido salir del país. También están procesados una veintena de exaltos cargos y una docena de empresarios vinculados a Martinelli, magnate de la cadena de supermercados Super 99.