Repatriar y recuperar no son sinónimos.
Repatriar es lograr el regreso voluntario de los capitales venezolanos de origen legítimo depositados en el sistema financiero internacional. Para ello es indispensable crear las condiciones que den confianza a través de incentivos fiscales y financieros, seguridad jurídica, y sobre todo, generar un clima económico y político estable que atraiga a los capitales que se fueron y también a nuevos capitales extranjeros para inversiones rentables y seguras.
Este proceso incluiría la indemnización a las víctimas de expropiaciones y confiscaciones ilegales de propiedades convertidas hoy en pasivos, empresas quebradas, que constituyen una pesada carga para el Estado. Con su recuperación se estimularía la reactivación del aparato productivo y la generación de empleo y capital social. Como reconocen hasta los ex presidentes socialistas de Uruguay y Brasil, Pepe Mujica y Lula Da Silva: “Para repartir riqueza, hay que generarla”.
El término recuperar, por su parte, se refiere al proceso de recobrar los dineros robados a un país.
De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, ley de la República por ser Venezuela signataria de la misma, establece en el artículo 52 las herramientas para detectar transacciones sospechosas que puedan orientar los procesos hacia la recuperación del producto de la corrupción, tanto en su lugar de origen como en el país de destino, así como en cualquier otra jurisdicción a través de la cual esas transferencias hayan pasado. Más adelante en el artículo 54, se especifican los mecanismos de cooperación internacional existentes para fines de decomiso de dichos bienes y capitales.
El artículo 271 de Constitución Nacional – propuesto por nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente – establece que no prescribirán las acciones dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, contra el patrimonio público o el tráfico internacional de drogas. Así mismo, serán confiscados los bienes provenientes de actividades relacionadas con esos delitos.
El proceso legal referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares y preventivas necesarias contra los bienes propiedad de los imputados y sus interpuestas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil.
En la investigación realizada como base del libro El Gran Saqueo calculamos en más de 350.000 millones de dólares lo saqueado al país. Ex integrantes del gobierno chavista reconocen hasta 300.000 millones de dólares. Sea cual sea la cifra, que se determinará en su momento cuando se tenga acceso a la información oficial, estamos seguros que una gran parte puede ser recuperada. Hay exitosas experiencias en otros países que así lo demuestran.
En conversación con algunos diputados electos, hemos sugerido la creación de una comisión de la verdad para que a través de auditorías confiables podamos diagnosticar y cuantificar el daño que se le hizo a la nación.
En el último capítulo de nuestro libro El Gran Saqueo, presentamos un proyecto de ley para la discusión. Se trata de la Ley de Emergencia para la Recuperación de Bienes de la Corrupción, la cual tendría una duración de diez años y se fundamentaría en el mencionado artículo 271 de la Constitución Nacional, en las convenciones internacionales contra la Delincuencia Organizada y contra la Corrupción y en las leyes orgánicas venezolanas contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, contra la Corrupción y en la Ley Orgánica de Drogas.
La propuesta incluye la creación de la Superintendencia contra la Corrupción presidida por un Superintendente escogido por la mayoría calificada de la Asamblea Nacional e integrada por un equipo interinstitucional y calificados representantes de la sociedad civil. Dicho Superintendente deberá presentar un informe cada seis meses ante la plenaria de la AN.
El proyecto establece una recompensa equivalente al diez por ciento de lo recuperado para quien colabore con información esencial y determinante.
El sesenta por ciento de los fondos recuperados serían destinados a la Superintendencia de Bienes, ente adscrito al Ministerio de Finanzas, y su destino final deberá ser la inversión social a través del presupuesto nacional a fin de reforzar programas educativos, de salud y sociales.
El cuarenta por ciento restante sería trasladado a un fondo especial creado para la prevención integral social contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, adscrito a la Defensoría del Pueblo.
Estas son algunas de las ideas del Proyecto de Ley de Emergencia para la Recuperación de Bienes de la Corrupción que presentamos a los diputados electos a través del grupo parlamentario de Voluntad Popular y su coordinador Freddy Guevara.
Se trata de uno de los principales desafíos que tendrá la nueva mayoría de la AN. Es una oportunidad para asumir el compromiso de detener el avance nefasto de la corrupción y la impunidad que tanto daño ha causado.
Es evidente que todos estamos de acuerdo en que el país sufrió un saqueo, por lo tanto hay que dejar la retórica atrás y asumir acciones como las que aquí proponemos. Debería existir entonces el consenso para llegar a la verdad, establecer las responsabilidades políticas, administrativas y penales a que hubiere lugar y recuperar el dinero robado a Venezuela para que se invierta en el bienestar de todos los venezolanos a través de políticas públicas gestionadas con eficiencia y transparencia.