Jubilados en el exterior en situación crítica

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Los jubilados residentes en el exterior siguen teniendo dificultades para que le sean transferidas sus remesas solicitadas a Cencoex.

“Ante tal retraso, y visto que no hay respuestas de los entes oficiales que se encargan de estos asuntos, los jubilados nos hemos visto en la circunstancia de intentar, por los medios legales a nuestro alcance, sensibilizar a la opinión pública y pedir el respaldo de organismos que pudieran ayudar a resolver este grave problema”, escriben en un comunicado.

 

Comunicado

A raíz del férreo control cambiario vigente en Venezuela desde 2003, los jubilados (venezolanos y extranjeros) que viven en el exterior han tenido cada vez más dificultades para recibir, en sus países de residencia, la transferencia de los montos que perciben en bolívares, a la tasa de cambio oficial. Hasta el año 2014, las remesas solicitadas por medio de CADIVI (hoy CENCOEX) fluían con cierta regularidad. Y los montos enviados por el IVSS a los pensionados del Seguro también se recibían, en cualquier parte del planeta, con bastante prontitud.

Sin embargo, a partir del año 2014, y especialmente en este 2015, ha habido cada vez mayores exigencias burocráticas y los retrasos en los depósitos se han hecho “normales”. Para citar un ejemplo, las solicitudes realizadas ante CENCOEX para el segundo semestre de 2015, cuya fecha límite era el 15 de agosto, ya han sido aprobadas en su mayoría, pero no han sido liquidadas. Vale decir, las aprobaciones (APC, siglas usadas para significar “Aprobado por CADIVI”) datan desde septiembre. Y sin embargo, las órdenes para la transferencia de divisas (llamadas AAD y ALD), en correspondencia con el Banco Central de Venezuela, no se han producido.

Esto significa que los jubilados no han percibido, durante muchos meses, montos que les permitan hacer frente a sus gastos de vida: alquiler, electricidad, alimentación, medicinas, etc. La crisis ha llegado a tal punto que se nos ha informado de familias cuyos hogares han sido desalojados por falta de pago, electricidad cortada, etc., etc. Y no digamos de los residentes en países como los EEUU, donde la Seguridad Social no es gratuita y hay que pagar, además de las facturas a los médicos por elaborar la receta, las costosas medicinas que muchos jubilados requieren habida cuenta de su edad y condición de salud.

Ante tal retraso, y visto que no hay respuestas de los entes oficiales que se encargan de estos asuntos, los jubilados nos hemos visto en la circunstancia de intentar, por los medios legales a nuestro alcance, sensibilizar a la opinión pública y pedir el respaldo de organismos que pudieran ayudar a resolver este grave problema.

El caso de los beneficiarios del IVSS es menos grave. Ellos, usualmente, recibían sus mensualidades y bonos (aguinaldos), con cierta regularidad por intermedio de los consulados de la República en diversas partes del mundo. En concreto, en España, hay un convenio con el banco Santander que ha facilitado las transferencias. Pero también en España ha habido algunos retrasos. Y, lo que es igualmente grave, los consulados -según indican muchos pensionados-, no dan ningún tipo de explicación sobre los pagos pendientes o incluso sobre cual es el mes que se está liquidando. Ni tampoco los entes oficiales, CENCOEX ni el IVSS dan información.

Por tal motivo, estamos en el proceso de constituir un grupo, “Jubilados en el Exterior”, con la finalidad de, repetimos, sensibilizar a la población y a la vez crear opinión pública que, de algún modo, exija al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones. Queremos decir, además, que esta obligación es de Estado, y que nada tiene que ver con ideologías ni con políticas de gobierno. Que tenemos el deber y el derecho de reclamar un trato justo; que no estamos pidiendo ni una beca ni una canonjía sino simplemente lo que por ley, esa misma ley que el gobierno en su momento aprobara, nos corresponde.

Ya pasaron los tiempos en los que los gobiernos se podían desentender, impunemente, de sus obligaciones. El retardo en las transferencias puede tener consecuencias: para los jubilados, la pérdida de su modo de vida; y para el gobierno el descrédito frente a otras naciones.

Aún estamos a tiempo de reparar el daño y que el gobierno cumpla con sus ciudadanos.